La Fiscalía Centro Norte está a punto de presentar una acusación formal contra el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por delitos de corrupción relacionados con su rol en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp). Esta investigación, que se ha extendido por más de cuatro años, podría tener serias implicaciones para el futuro político de Jadue, incluyendo su inhabilitación para futuras candidaturas al Congreso.
Una acusación en construcción
Según información de La Tercera, se había programado una audiencia de aumento de plazo para la investigación de este caso para el 28 de agosto. Sin embargo, recientemente la fiscal adjunta (S) Bernardita Luebert presentó una solicitud al Tercer Juzgado de Garantía de Santiago para dejar sin efecto esa convocatoria. En un escrito ingresado al tribunal el 24 de julio, la persecutora indicó que el Ministerio Público «contará con todos los informes pendientes», lo que sugiere el cierre de la etapa de investigación, la presentación de la acusación formal y el inicio a la preparación del juicio oral de Jadue.
Esta expectativa había sido anticipada por la fiscal principal del caso, Giovanna Herrera, quien el 16 de junio, durante una audiencia de revisión de cautelares del exalcalde, adelantó que la acusación «estaba en construcción».
El futuro político de Jadue en juego
La presentación de esta acusación pondría en jaque los futuros planes políticos de Jadue de formalizar su candidatura al Congreso, ya que quedaría inhabilitado. Si bien la defensa anterior de Jadue, compuesta por Juan Carlos Manríquez y Ramón Sepúlveda, había sostenido que la acusación era imposible debido a diligencias pendientes, actualmente esa perspectiva ha cambiado.
Bajo este contexto, algunos sostienen que la reciente renuncia de su defensa privada podría ser una estrategia para dilatar el proceso, ya que con la Defensoría Penal Pública a su defensa, se podrían solicitar nuevas diligencias y, con ello, un nuevo aumento de plazo.
Según Jadue y su entorno, la causa tendría fines políticos y buscaría «cortar su carrera», situación que han denominado como un «lawfare» (persecución judicial con fines políticos).
La posición del querellante
Por la parte del querellante, la situación no amerita más aclaración. Eduardo Lagos, representante de Best Quality, manifestó que «esta parte entiende que ya están agotadas todas las diligencias». Según Lagos, se logró acreditar no solo la comisión de los delitos, sino también la «participación activa, como autor intelectual y material de la defraudación, del señor Jadue».
También, agregó que esperan que el Ministerio Público «pueda cumplir su compromiso de acusar y poder llevar a juicio oral a este sujeto que claramente ha cometido delitos en contra de nuestros representados». «Esperamos que sea condenado y que, por cierto, se pueda reparar de alguna forma el daño que ha causado», concluyó.
