En un giro inesperado, la justicia ha decretado el sobreseimiento temporal de una causa que tenía a 20 comuneros mapuche acusados por robo de madera en la precordillera de Panguipulli, región de Los Ríos. Esta decisión llega mientras se resuelve una demanda civil presentada por las comunidades en contra de una empresa forestal, por un terreno que ellos consideran ancestral.
Según lo informado por la Fiscalía, algunos de los comuneros estaban siendo investigados por hurto simple, mientras que otros lo estaban por receptación de árboles nativos que fueron talados entre 2018 y 2019 en el fundo Trafun, en la localidad de Liquiñe. Estos imputados, que forman parte de las comunidades indígenas Juan Painepe 2 y Vicente Reinehuel, arriesgaban una pena de 3 años y un día de cárcel por estos hechos.
Conflicto Territorial y Reclamo de Tierras Ancestrales
El vocero de una de las comunidades, Juan Reinehuel, señaló que poseen un título de merced en un sitio de 86 hectáreas que fue explotado por la empresa forestal. Según él, la forestal culpó a los imputados de una acción que ellos mismos hicieron.
Desde la Fiscalía, confirmaron que se decretó el sobreseimiento temporal de la causa, mientras se resuelve una demanda presentada por las comunidades en el Juzgado de Letras y Garantía de Panguipulli en contra de la empresa forestal. La acción legal busca que se cancele la inscripción de dominio otorgada por el Estado a la forestal y se restituya el terreno, un caso que la justicia continúa tramitando.
Implicaciones y Perspectivas
Este caso pone de manifiesto el conflicto latente entre las comunidades indígenas y las empresas forestales en la región de Los Ríos. Desde la perspectiva de los comuneros, se trata de tierras ancestrales que les han sido arrebatadas, mientras que la empresa forestal las considera de su propiedad legítima.
Para los consumidores, esta situación refleja la complejidad de los conflictos de tenencia de la tierra en Chile, donde a menudo se enfrentan los intereses de las comunidades originarias y los de las empresas. Desde una óptica económica, la resolución de este caso podría tener implicaciones en la producción y distribución de madera en la región.
En última instancia, este caso subraya la necesidad de encontrar soluciones justas y equilibradas que respeten los derechos de las comunidades indígenas, al mismo tiempo que se atienden las necesidades económicas y de desarrollo del país. La transparencia y el diálogo serán cruciales para avanzar hacia una resolución duradera.
