En un movimiento por transparentar el manejo de los fondos públicos, los diputados Andrés Longton y Diego Schalper (RN) han presentado dos requerimientos ante la Contraloría General de la República (CGR) solicitando auditorías exhaustivas. El primer punto se centra en las pensiones de gracia otorgadas a presuntas víctimas del estallido social, mientras que el segundo aborda las remuneraciones millonarias en la Subsecretaría de Seguridad Pública.
Irregularidades en las Pensiones de Gracia
Respecto a las pensiones de gracia, los parlamentarios advierten que este «es un punto oscuro en el manejo de los beneficios fiscales de nuestra institucionalidad». Recuerdan que un informe previo de la CGR había detectado múltiples irregularidades, entre ellas que 58 de los 136 casos revisados correspondían a personas con antecedentes penales.
Según los diputados, «a más de un año de emitido el informe, aún persisten observaciones sin subsanar, lo que demuestra una negligencia en el actuar de los organismos involucrados». Algunos de los casos más delicados incluyen beneficiarios perseguidos judicialmente por fraude de subvenciones, pensiones otorgadas sin respaldo documental y decretos de concesión cuyas actas de entrega siguen pendientes.
Millonarias Remuneraciones en Seguridad Pública
En paralelo, los diputados Longton y Schalper solicitaron fiscalizar las remuneraciones de la Subsecretaría de Seguridad Pública, que en conjunto superan los $105 millones mensuales. Según los parlamentarios, «estas elevadas remuneraciones no se condicen con los resultados en materia de seguridad que saltan a la vista de todos los ciudadanos y son claramente no satisfactorios».
Entre los sueldos cuestionados, destacan los $10.217.749 del subsecretario Rafael Collado y cifras entre $8,2 y $9,3 millones para jefes de división. Además, se cuestiona la idoneidad de algunos profesionales que lideran áreas estratégicas, señalando la existencia de contrataciones sin experiencia en seguridad pública.
Llamado a la Transparencia y Responsabilidad
Los diputados RN recalcaron que el costo total de las pensiones de gracia auditadas asciende a $5.434 millones, mientras que los sueldos de la Subsecretaría de Seguridad Pública significan más de $105 millones mensuales. «Estamos hablando de cuantiosos recursos fiscales y de un proceso que debe ser revisado en su totalidad para garantizar transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos», concluyeron, solicitando que la Contraloría sustancie los procedimientos administrativos correspondientes e informe los resultados a la Cámara de Diputadas y Diputados.
