En un giro significativo, el Gobierno de Chile se ha abierto a la posibilidad de implementar detectores de metal en establecimientos educacionales, siempre que existan «antecedentes fundados» que justifiquen su uso como una medida «proporcional, necesaria e idónea» para prevenir delitos.
Esta nueva postura se refleja en una indicación presentada al proyecto de ley de Convivencia Escolar, donde se otorgaría a los sostenedores de colegios la facultad de instalar estos recursos tecnológicos para identificar y detectar armas, artefactos incendiarios u otros elementos que puedan poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa.
Debate Polarizado sobre Efectividad y Derechos
La medida ha generado opiniones encontradas. Por un lado, el alcalde de Temuco, Roberto Neira, valoró la posición del Gobierno, considerando los diversos hechos de violencia que se han registrado en los últimos años. Sin embargo, la diputada Emilia Schneider, del Frente Amplio, expresó que los pórticos detectores de metal no son una buena solución, ya que no existiría evidencia de que ayuden a reducir la violencia escolar.
Desde el Ministerio de Educación, el ministro Nicolás Cataldo, si bien no considera que los detectores sean una medida eficiente, se abrió a discutir su implementación. Además, la indicación contempla la creación de protocolos internos para regular el uso de estas herramientas y establecer procedimientos de coordinación con las fuerzas policiales en caso de incidentes.
Equilibrando Seguridad y Derechos Fundamentales
El debate gira en torno a encontrar un balance entre la necesidad de garantizar la seguridad en los establecimientos educacionales y el respeto a los derechos y la dignidad de los estudiantes. Por un lado, los defensores de la medida argumentan que es una herramienta necesaria para prevenir actos de violencia y proteger a la comunidad. Por otro, los críticos señalan que los detectores de metal podrían vulnerar la privacidad y la integridad de los alumnos.
En este contexto, será fundamental que el Gobierno y las autoridades educativas establezcan protocolos claros y transparentes que aseguren el uso proporcional y justificado de estos dispositivos, evitando convertir a los colegios en «espacios policiales», como advirtió la diputada Schneider. La discusión sobre esta polémica medida de seguridad escolar sin duda continuará en los próximos meses.
