En una medida que profundiza su agenda de desregulación económica, el Gobierno de Javier Milei ha avanzado este martes en la privatización del servicio de agua y saneamiento en Buenos Aires y su área metropolitana. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, se ha habilitado la venta de acciones de la empresa pública AySA, permitiendo la entrada de capital privado en la compañía.
Hasta ahora, el 90% del capital de AySA pertenecía al Estado, con acciones intransferibles. Sin embargo, el nuevo decreto modifica esta situación, determinando que «el Estado Nacional podrá enajenar total o parcialmente su participación accionaria». De esta manera, se abre la puerta a la privatización progresiva de la firma que presta el servicio de agua y cloacas en la región conocida como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según el portavoz presidencial, Manuel Adorni, esta medida responde a la necesidad de mejorar la infraestructura y la eficiencia de AySA, que desde su estatización en 2006 ha requerido aportes estatales por 13.400 millones de dólares. Adorni también señaló que la empresa ha experimentado un «fuerte deterioro» en sus indicadores clave y un aumento significativo en la morosidad de los usuarios.
Nuevas Facultades para la Empresa Concesionaria
Además de la apertura a la participación privada, el decreto también otorga nuevas autorizaciones a la empresa concesionaria de AySA. Entre ellas, se destaca la posibilidad de interrumpir el suministro del servicio ante deudas de los clientes. Asimismo, se le confiere la facultad de revisar y auditar, desde el punto de vista técnico, todas las obras que se ejecuten dentro del área regulada.
Plan Director de Mejora Estratégica
El Gobierno ha encomendado a la Agencia de Planificación (APLA) la creación de un «Plan Director de Mejora Estratégica» para AySA. Este proyecto tiene como objetivo establecer los lineamientos y estrategias técnicas necesarias para ampliar y extender el servicio público a través de programaciones de proyectos y obras, así como la identificación de fuentes de financiamiento y entes ejecutores.
La privatización parcial de AySA se enmarca en un ambicioso proyecto de ley de desregulación económica impulsado por el Gobierno de Milei, que inicialmente incluyó a 41 empresas estatales como «sujetas a privatización». Si bien la lista se redujo posteriormente como parte de las negociaciones con la oposición, la apertura de la empresa de agua y saneamiento a la inversión privada se mantiene como una prioridad en la agenda del Ejecutivo.
Este paso hacia la privatización del servicio de agua en Buenos Aires y su área metropolitana forma parte de la estrategia de Milei para reducir la participación del Estado en la economía y promover una mayor participación del sector privado. Sin embargo, la medida ha generado preocupación entre los usuarios y los defensores del acceso universal al agua, quienes temen que pueda derivar en un encarecimiento del servicio o en cortes por falta de pago.
