La Compañía General de Electricidad (CGE) ha denunciado una tendencia alarmante en el robo de cables eléctricos durante el primer semestre del año. Según los datos proporcionados, se han registrado 705 episodios de robo de cable en la zona de concesión de CGE, que abarca desde la región de Arica y Parinacota hasta La Araucanía. Esto representa un aumento de casi 300% en comparación con el mismo período del año anterior, cuando se contabilizaron 190 incidentes.
El subdirector de Operaciones de CGE, Daniel Fredes, señala que la cantidad de cable de cobre robado alcanza los 209.112 metros (209 kilómetros), lo que equivale a la distancia entre Santiago y la comuna de Molina, en la región del Maule. «Esta situación muestra que esto se ha transformado en un delito de alto impacto público y con consecuencias muy complejas en el ámbito del suministro eléctrico», advierte Fredes.
Crimen Organizado Detrás de los Robos
Según las investigaciones, las acciones de estas bandas delictivas han tenido un impacto significativo en el suministro eléctrico. En el primer semestre, un total de 445.414 clientes de CGE han sufrido interrupciones producto de estos delitos que afectan a las redes de distribución y transmisión eléctrica.
Asimismo, el costo de reparación de la infraestructura dañada o destruida por los delincuentes, y la reposición del material robado, superó los $4.000 millones en el primer semestre. Fredes señala que «la acción de estas bandas, que cuentan con material y personal técnico especializado, es una clara señal de su asociación al crimen organizado».
Regiones más Afectadas
Las regiones con mayor incidencia de este delito en el primer semestre fueron:
- Coquimbo (59.198 metros)
- Bío Bío (27.223 metros)
- Maule (22.317 metros)
- Antofagasta (22.127 metros)
- Tarapacá (21.185 metros)
- Metropolitana (20.420 metros)
Conclusión: Combatir el Crimen Organizado y Proteger el Suministro Eléctrico
Los hallazgos de CGE evidencian que el robo masivo de cables eléctricos es una actividad altamente organizada y con un impacto devastador en el suministro energético y la economía. Autoridades y empresas deben unir esfuerzos para desmantelar estas redes delictivas y garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
