En un giro inesperado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha revelado detalles sobre la investigación que se lleva a cabo en torno al director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, por no haber pagado las contribuciones de una propiedad durante nueve años.
Según Marcel, Etcheberry ha presentado 14 documentos que respaldan su versión de los hechos, en la que explica que el retraso en el pago se debió a demoras en la actualización del avalúo fiscal de la vivienda, luego de que esta fuera remodelada y ampliada.
Responsabilidad Especial del Director del SII
El ministro de Hacienda reconoció que, dado su cargo, Etcheberry «tiene una responsabilidad especial, no solo respecto de la gestión del servicio, sino que respecto de su propio comportamiento como contribuyente». Marcel ha señalado que revisarán a fondo los antecedentes presentados por el director del SII para asegurarse de que «efectivamente tomó todos los pasos y los resguardos del caso».
Actualización de Avalúos: Un Proceso Complejo
Marcel también abordó la problemática de la actualización de avalúos fiscales cuando se realizan ampliaciones o construcciones de propiedades. Según el ministro, «muchas veces pasan años para que todo el proceso se complete (por falta de coordinación entre el municipio y el SII)», citando incluso el caso de «algunos expresidentes que han estado en esta situación».
Propiedad del Director del SII
De acuerdo a información obtenida a través de Transparencia, la propiedad de Etcheberry y su esposa en la comuna de Paine, cerca de la Laguna Aculeo, cuenta con una vivienda de 213 metros cuadrados, pero también se constató la existencia de dos edificaciones adicionales y una piscina, ninguna de ellas con autorización municipal.
Inicialmente, el avalúo fiscal de la propiedad era de 158 millones de pesos, pero horas después de las revelaciones, este fue actualizado a más de 339 millones de pesos, reflejando una superficie total edificada de 527 metros cuadrados.
Este caso ha puesto en el centro del debate público la responsabilidad de los altos funcionarios públicos, especialmente aquellos encargados de velar por el cumplimiento tributario, y la necesidad de agilizar y mejorar los procesos de actualización de avalúos fiscales en el país.
