En una acción conjunta, el Gobierno y la Fiscalía Nacional han anunciado una revisión integral de los protocolos de comunicación entre los diferentes órganos del sistema de justicia, tras la cuestionada liberación del sicario Osmar Ferrer Ramírez, señalado como uno de los asesinos del conocido como «Rey de Meiggs», José Felipe Reyes Ossa.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, coincidieron en calificar la situación como «gravísima» y anunciaron que se tomarán medidas para evitar que se repitan este tipo de incidentes, donde una persona considerada de alta peligrosidad logra recuperar su libertad a través de supuestas «órdenes de tribunales» que luego se revelan como documentos apócrifos.
Investigaciones Administrativas y Penales en Marcha
Según explicaron las autoridades, ya se han dispuesto investigaciones tanto a nivel administrativo como penal para determinar el origen de esta falla en la comunicación entre los diferentes organismos involucrados. En ese sentido, el ministro Gajardo señaló que se conformará una «mesa de trabajo» con la Fiscalía y la Corte Suprema para «perfeccionar nuestros sistemas de control en las distintas instancias y tener mejores mecanismos para combatir el crimen organizado».
Por su parte, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, indicó que se revisarán «todos los protocolos y todos los procesos de trabajo sobre chequeo, contrachequeo y revisión de las órdenes que disponen la prisión preventiva y las libertades de imputados que están en situación de especial peligrosidad». Valencia aseguró que la Fiscalía aportará toda la información disponible para contribuir a este proceso de mejora.
Compromiso de Fortalecer la Coordinación Interinstitucional
Tanto el ministro Gajardo como el Fiscal Nacional coincidieron en que estos hechos no pueden volver a ocurrir en el sistema de justicia del país. Por ello, se han comprometido a investigar a fondo las posibles faltas administrativas y eventuales delitos penales que pudieran haber facilitado la liberación del peligroso sicario.
En palabras del ministro Gajardo, el objetivo es «tener mejores medidas de control en este tipo de situaciones» y asegurar que «una persona que debe estar ya sea cumpliendo una medida cautelar como es la prisión preventiva, no salga sin que estén todos los medios de control entre las distintas autoridades».
Con esta acción conjunta, el Gobierno y la Fiscalía buscan fortalecer la coordinación y los protocolos de comunicación entre los diferentes organismos del sistema de justicia, con el fin de evitar brechas que puedan ser aprovechadas por delincuentes de alta peligrosidad.
