En un esfuerzo por fortalecer la integridad de las instituciones encargadas de la seguridad y la defensa nacional, la diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, ha presentado un proyecto de ley que busca establecer la aplicación obligatoria de pruebas anuales de detección de drogas a todo el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI).
Según Yeomans, esta iniciativa tiene como objetivo prevenir y evitar la infiltración del narcotráfico en estas instituciones, tras los recientes casos de corrupción y vínculos con el crimen organizado que han sacudido a algunas de ellas.
Combatiendo la Penetración del Narcotráfico
La parlamentaria enfatizó la importancia de contar con esta herramienta de control, ya que permitirá a las instituciones tener mayor información y realizar investigaciones más efectivas sobre posibles casos de narcotráfico en su interior.
Actualmente, la Ley 20.000 establece que la autoridad superior debe ordenar la realización periódica de controles de consumo de drogas, pero no especifica la frecuencia ni qué parte de la dotación debe ser sometida a estas pruebas. Es este vacío legal que el proyecto de Yeomans busca llenar.
Pruebas Aleatorias y Anuales
Según la iniciativa, todo el personal de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI deberá someterse a pruebas de drogas aleatorias y con una periodicidad anual. Esto, con el fin de mantener un control más permanente y preventivo sobre posibles vínculos con el narcotráfico.
La diputada recalcó que el rol fundamental que cumplen estas instituciones en el combate al crimen organizado y la protección de las fronteras hace imperativo tomar medidas preventivas como estas, para detectar a tiempo cualquier atisbo de relación con sustancias ilícitas.
Hacia una Mayor Integridad Institucional
La iniciativa de Yeomans surge en un contexto de creciente preocupación por la infiltración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad y defensa. Con este proyecto de ley, se busca fortalecer los mecanismos de control y transparencia, asegurando que quienes juran defender la ley y la soberanía nacional mantengan los más altos estándares de integridad y profesionalismo.
Si bien algunos podrían cuestionar la privacidad o los derechos de los funcionarios, la diputada argumenta que la seguridad y el bienestar de la nación deben prevalecer. Ahora corresponde al Congreso y a la sociedad en general debatir y evaluar la pertinencia de esta propuesta.
