En un giro inesperado, los colegios particulares subvencionados se enfrentan a un desafío sin precedentes: la obligación judicial de matricular a estudiantes que han sido expulsados de otros establecimientos. Esta situación, que surge a raíz de resoluciones de los Juzgados de Familia, está generando un impacto negativo en el sector, según han expresado tanto el Ministerio de Educación como la Red de Colegios Particulares Subvencionados del Bío Bío (Redcol).
Estas sentencias judiciales, emitidas en el marco de medidas de protección para los estudiantes, pasan por encima de la llamada «tómbola» y de los alumnos que ya estaban en la fila para ingresar a los colegios. El seremi de Educación, Carlos Benedetti, ha confirmado que los establecimientos deben acatar estas resoluciones, sin importar las consecuencias.
Impacto en la Comunidad Educativa
Entre los colegios afectados se encuentra el Colegio Almondale Lomas, cuya rectora, Claudia Lodi, ha expresado la molestia que estas medidas generan en los padres que han cumplido con la Ley de Inclusión.
Desde la Redcol, su presidente, Andrés Carter, ha sido tajante al denunciar la tensión que estas situaciones están causando en el sector. Según Carter, los colegios pueden oponerse a los fallos a través de recursos de protección, algunos de los cuales han sido acogidos por la Corte Suprema. Sin embargo, este proceso desvía a los establecimientos de su labor educativa principal.
Buscando un Equilibrio entre Inclusión y Calidad Educativa
Esta compleja situación plantea un desafío para encontrar un balance entre el derecho a la educación de los estudiantes expulsados y el impacto que estas medidas tienen en la dinámica y organización de los colegios particulares subvencionados. Mientras que el Ministerio de Educación insiste en que las sentencias judiciales deben cumplirse, la comunidad educativa busca soluciones que permitan una inclusión efectiva sin comprometer la calidad de la enseñanza.
El debate sobre cómo lograr una verdadera inclusión educativa, respetando los derechos de todos los actores involucrados, continúa abierto y requiere de un diálogo constructivo entre las autoridades, los colegios y las familias.
