En un caso que sacude los cimientos de la transparencia en la administración pública, la Municipalidad de Concepción, en la región del Bío Bío, ha apartado de sus funciones a la exdirectora subrogante de Gestión y Desarrollo de las Personas, luego de que un informe de Contraloría evidenciara graves faltas a la probidad y abstención por parte de la funcionaria.
Según las investigaciones, la directora subrogante utilizó su posición de poder para adulterar el control de asistencias tanto de ella misma como de su yerno, quien trabajaba bajo su supervisión en la misma unidad. La funcionaria otorgó su visación a solicitudes de autorización de corrección de horario en el reloj control de su familiar, e incluso llegó a autorizar horas extraordinarias que, actualmente, el municipio no puede corroborar si se realizaron realmente.
Conflicto de Intereses y Falta de Abstención
Boris Negrete, administrador municipal de Concepción, señaló que, una vez notificados por Contraloría, abrieron un sumario que está en curso y decidieron apartar de sus funciones a la involucrada. Negrete dejó en evidencia las graves faltas cometidas por la directora subrogante en beneficio de su yerno, y además, reveló que el propio familiar, en su calidad de subalterno, también firmaba autorizaciones a favor de la funcionaria.
Finalmente, el administrador municipal indicó que también se firmaron horas extras autorizadas, donde la falta radica en el conflicto de intereses y la falta de abstención, dada la relación que tenían ambos y que la Contraloría cuestionó.
Consecuencias y Lecciones Aprendidas
Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener altos estándares de integridad y transparencia en la administración pública. Las acciones de la directora subrogante, al anteponer los intereses personales a los del servicio público, representan una grave traición a la confianza depositada en ella por la ciudadanía.
Esperamos que este escándalo sirva como un llamado de atención para que todas las instituciones gubernamentales refuercen sus mecanismos de control y rendición de cuentas, a fin de evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro. La probidad y el servicio a la comunidad deben ser los principios rectores de todo funcionario público.
