Una inesperada polémica ha surgido en torno al proyecto de ley de Permisos Sectoriales, impulsado por el Gobierno a través del ministro de Economía, Nicolás Grau. Un grupo de 42 legisladores oficialistas ha presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, buscando impugnar artículos clave de esta iniciativa, que según ellos vulneran principios constitucionales y representan un retroceso en la protección ambiental.
El diputado Daniel Melo (PS), quien encabeza este requerimiento, señala que durante la tramitación del proyecto, su alcance se amplió de manera preocupante, estableciendo una regla general que permite aplicar las llamadas técnicas habilitantes a todo tipo de proyectos, sin distinguir entre grandes empresas y pequeñas iniciativas, ni considerar el impacto ambiental que puedan generar.
Según los parlamentarios, una de las principales críticas apunta al artículo 9 del proyecto, donde aparece como norma general el uso de estas técnicas habilitantes, las cuales limitarían el rol del Estado en controles preventivos. «Esta norma vulnera garantías constitucionales como el derecho a la salud y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación», agrega Melo.
Además, los legisladores buscan declarar como inconstitucional el artículo 104 de esta ley, el cual pretende modificar la Ley Indígena sin haber realizado una consulta previa.
¿Qué es el proyecto de ley de Permisos Sectoriales?
Según el Gobierno, esta ley busca «reducir sustantivamente los tiempos de tramitación de permisos para proyectos de inversión, sin disminuir los estándares regulatorios». En ese sentido, la reforma modernizaría más de 380 permisos que hoy dependen de 37 servicios públicos, con el objetivo de optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación, simplificando y modernizando los procesos administrativos.
El Gobierno afirma que esta iniciativa «contribuirá a aumentar el crecimiento económico, gracias a la activación de proyectos que hoy están detenidos».
¿Quiénes son los parlamentarios oficialistas que impulsan esta impugnación?
La lista de 42 legisladores que presentaron el requerimiento ante el Tribunal Constitucional está compuesta por 11 parlamentarios del Frente Amplio, 9 del PS, 9 del PC, 2 de Acción Humanista, 1 del PPD y 10 independientes.
Entre los más destacados se encuentran Daniel Melo (PS), Karol Cariola (PC), Maite Orsini (FA) y Emilia Schneider (FA).
Esta polémica también ha generado reacciones en la oposición, como la del diputado RN Diego Schalper, quien calificó la acción de los parlamentarios oficialistas como «una vergüenza» que torpedea el proyecto del Gobierno para reimpulsar la economía.
¿Qué está en juego?
La impugnación de los artículos clave del proyecto de Ley de Permisos Sectoriales por parte de los legisladores oficialistas pone en jaque uno de los ejes centrales de la agenda económica del Gobierno de Gabriel Boric. La disputa gira en torno al equilibrio entre la agilización de trámites y permisos para impulsar la inversión, y la preservación de garantías constitucionales y estándares ambientales.
El desenlace de esta polémica tendrá implicaciones significativas para el desarrollo económico del país y la capacidad del Ejecutivo de implementar su programa de gobierno. Será crucial observar cómo se resuelve este conflicto entre los intereses de los parlamentarios y las prioridades del Ejecutivo.
