En una decisión trascendental, la Corte Suprema de Chile acogió un recurso de amparo y declaró la inhabilidad de la jueza Palmira Muñoz Leiva para intervenir en un caso penal del Tribunal de Juicio Oral en Punta Arenas. Esta resolución revoca un fallo previo de la Corte de Apelaciones local que había rechazado la acción constitucional.
La Suprema Corte consideró que la magistrada emitió un pronunciamiento previo sobre hechos íntimamente ligados a la acusación fiscal contra el imputado, lo que «posee la capacidad de poner en duda su imparcialidad objetiva». Esto vulnera la garantía fundamental del acusado a ser juzgado por un tribunal imparcial, tal como establece la Constitución y el Código Orgánico de Tribunales.
Antecedentes del Caso
En una audiencia preparatoria en el Juzgado de Familia de Punta Arenas, la jueza Muñoz Leiva remitió antecedentes al Ministerio Público por considerar que podían constituir delito. Además, mantuvo las medidas cautelares decretadas contra el imputado.
La defensa del acusado invocó una causal de inhabilidad contra la jueza, pero tanto el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal como la Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazaron el recurso. Sin embargo, la Corte Suprema revocó estas decisiones, concluyendo que existía una «duda razonable sobre la imparcialidad objetiva» de la magistrada.
Importancia de la Imparcialidad Judicial
El fallo de la Corte Suprema subraya la relevancia fundamental de la imparcialidad judicial como garantía constitucional. Según el máximo tribunal, los magistrados recurridos «incurrieron en una ilegalidad al no acoger la causal de inhabilidad invocada por la defensa del imputado».
Este precedente reafirma que los jueces deben abstenerse de intervenir en casos donde existan pronunciamientos previos sobre hechos relacionados, a fin de preservar la confianza pública en la administración de justicia y el derecho a un juicio justo.
Implicaciones y Lecciones Aprendidas
La decisión de la Corte Suprema envía un claro mensaje sobre la importancia de la imparcialidad objetiva de los tribunales, incluso cuando se trata de actuaciones previas en otros procesos. Este fallo sienta un precedente que refuerza las garantías procesales y el debido proceso en el sistema judicial chileno.
Para los abogados y litigantes, este caso subraya la necesidad de invocar oportunamente las causales de inhabilidad cuando existan dudas razonables sobre la imparcialidad de un juez. Asimismo, los magistrados deberán extremar sus precauciones para evitar cualquier apariencia de parcialidad que pueda poner en riesgo la legitimidad de sus decisiones.
