En un caso que pone de relieve la importancia de la accesibilidad universal, el alcalde de Osorno, Jaime Bertín, ha sido denunciado por desacato tras incumplir un fallo judicial que ordenaba garantizar las condiciones adecuadas para una concejala con discapacidad.
La concejala Natalie Guissen presentó un recurso de protección a principios de este año, el cual fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valdivia. El tribunal otorgó un plazo de cinco días al municipio para adoptar medidas concretas, como habilitar una oficina provisoria para la edil. Sin embargo, según Guissen, esta orden judicial no se ha cumplido por completo hasta la fecha.
Vulneración de Derechos y Leyes de Inclusión
Guissen argumenta que esta situación constituye una vulneración a la Ley de Inclusión y a la reciente Ley Karín, al generar condiciones laborales desiguales en comparación con sus pares. «Las cosas deben funcionar bajo un marco jurídico en donde debemos dar el ejemplo como autoridades de que lo estamos respetando, de que respetamos la institucionalidad y de que también hay una disposición a facilitar los cambios sociales para todas las personas y garantizar sus derechos», señaló la concejala.
Esfuerzos del Municipio y Plazos de Implementación
Por su parte, el alcalde Bertín aseguró que se está avanzando en el tema desde el primer momento, pero que tener cada espacio listo toma su tiempo. «Estamos comprando un alza escalera que no se encuentra en el país y no la encontramos. No es que hayamos demorado, la mandamos a hacer. Está llegando en estos días, y una vez que llegue, la instalaremos», explicó.
Bertín agregó que una vez instalada la plataforma elevadora, la concejala Guissen podrá acceder sin problemas a su oficina. «Entonces no sé de qué desacato estamos hablando, pero ella es libre de hacer lo que quiera. Nosotros podemos demostrar con mucha claridad que hemos hecho un gran esfuerzo», afirmó.
Investigación de la Contraloría
Tras la acción interpuesta por la edil, se espera que la Contraloría inicie una investigación para determinar si existió efectivamente un desacato a la resolución judicial.
Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar la accesibilidad y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, incluso en los más altos niveles de la administración pública. La resolución de este conflicto tendrá implicaciones significativas para la inclusión y la igualdad de oportunidades en la comunidad de Osorno.
