Los diputados de Renovación Nacional (RN) han solicitado la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) para reunir antecedentes sobre la muerte de Hugo Morales, un gásfiter que falleció el 28 de septiembre de 2024 mientras realizaba labores en el Palacio de La Moneda.
La bancada opositora busca indagar sobre las responsabilidades de la Dirección Administrativa de la Presidencia y del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, así como la forma en que las autoridades abordaron este trágico caso. La solicitud se fundamenta en diversas alertas institucionales que han surgido tras el fallecimiento de Morales, incluyendo un oficio de la Contraloría General de la República que rechazó el sumario realizado por la Dirección Administrativa de la Presidencia, calificándolo como «incompleto» y omitiendo diligencias clave.
Cuestionamientos a las Condiciones Laborales
Los diputados también han aludido a un informe de la Dirección del Trabajo que cuestionó las condiciones laborales bajo las que se desempeñaba el gásfiter, así como una declaración pública de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Presidencia (Anfupres), donde se mencionó que el fallecido «desempeñaba su labor en jornadas laborales excesivas, sin el descanso adecuado, y sin la debida coordinación ni el personal suficiente para enfrentar las demandas del día a día».
Búsqueda de Responsabilidades y Transparencia
El diputado Diego Schalper señaló que es «gravísimo que la Contraloría les haya devuelto el sumario y eso habla de que el Gobierno no está teniendo toda la dedicación que merece este sumario». Por su parte, el diputado Miguel Mellado, jefe de bancada de RN, agregó que «estamos frente a un posible caso de explotación laboral en el corazón del poder político, y lo mínimo que corresponde es buscar las responsabilidades políticas y administrativas».
Los legisladores han dejado claro que no permitirán que este caso quede en la impunidad y que buscarán que se esclarezcan todas las responsabilidades, con el objetivo de que la muerte de Hugo Morales «marque un antes y un después en cómo el Estado se hace cargo de su deber más básico: cuidar la vida de las personas».
La solicitud de la CEI es un paso crucial para que se realice una investigación objetiva y exhaustiva, tal como lo había prometido la entonces ministra del Trabajo, Jeannette Jara, ante la Comisión de Trabajo del Senado.
