La reciente polémica generada por las declaraciones de los diputados Johannes Kaiser y Cristian Labbé ha desatado una fuerte reacción desde el oficialismo. Ambos militantes del Partido Nacional Libertario han sido acusados de «reivindicar» la dictadura, lo que ha llevado al Comité del Partido Comunista, Acción Humanista, Frente Regionalista, Verde Social e Independientes a anunciar que los llevarán a la comisión de Ética de la Cámara.
Por un lado, Labbé afirmó en una entrevista con Radio Agricultura que «Chile ya sacó comunismo una vez, si es necesario hay que hacerlo de nuevo. El comunismo es retroceso, el comunismo es persecución, el comunismo es dictadura». Por otro lado, Kaiser declaró en el programa «De Frente» que apoyaría «sin duda» y «con todas las consecuencias» un nuevo Golpe de Estado en el país, si se dieran las mismas circunstancias que en 1973.
Reacción del oficialismo
Desde el oficialismo, se calificaron estas declaraciones como una «osadía criminal» y una «conducta antidemocrática». «Estamos frente a dos sujetos que están amenazando la democracia, que están reivindicando crímenes de lesa humanidad», señalaron.
Los partidos oficialistas argumentan que estas afirmaciones «demuestran quiénes son los terroristas, quiénes son los criminales, quiénes son los delincuentes» y que «en democracia no se amenaza con dictaduras ni crímenes de lesa humanidad».
Implicaciones y análisis
Las declaraciones de Labbé y Kaiser han generado una fuerte indignación en el oficialismo, que las considera una amenaza directa a la democracia. Desde una perspectiva económica, estos posicionamientos podrían generar inestabilidad y desconfianza en los mercados, afectando la inversión y el crecimiento del país.
Además, la defensa abierta de un golpe de Estado y la «reivindicación» de la dictadura son vistas como una grave violación a los derechos humanos y a los principios democráticos. Para los consumidores, esto significa un retroceso en las libertades y garantías que han costado décadas recuperar.
En resumen, las polémicas declaraciones de estos diputados han desatado una fuerte reacción del oficialismo, que busca llevarlos a la comisión de Ética por considerar que amenazan la democracia y reivindicando crímenes de lesa humanidad. El impacto de estas posturas podría ser significativo a nivel político, económico y social.
