En una polémica sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la diputada Mónica Arce, presidenta de la comisión, denunció haber sido víctima de presiones y amenazas por parte del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, durante la votación de un proyecto de ley que buscaba modificar los requisitos para estudiar pedagogía.
Según relató Arce, durante la sesión comenzó a recibir mensajes de WhatsApp del subsecretario Orellana solicitándole que votara a favor del proyecto, a pesar de que ella había decidido abstenerse. Incluso, afirmó que Orellana la interrumpió constantemente mientras ella argumentaba su voto, insistiendo en que cambiara su posición.
Acusaciones de violencia política y machista
La diputada Arce calificó el comportamiento de Orellana como violencia machista, señalando que no lo vio actuar de la misma manera con otros diputados que también votaron en contra, como el socialista Juan Santana.
«Yo no trabajo para el Gobierno, tengo autonomía de voto. Otros diputados también votaron en contra, pero las acciones fueron hacia mi persona», denunció Arce, quien además recibió el apoyo transversal de sus colegas tras el incidente.
Disculpas públicas del subsecretario
Tras la polémica, el subsecretario Orellana emitió un comunicado ofreciendo disculpas públicas a la diputada Arce y al Comité de la Democracia Cristiana, al que ella pertenece. Orellana reconoció haber tenido un «diálogo inadecuado» con la parlamentaria y aseguró que sus acciones no reflejan el espíritu con el que ha buscado contribuir al debate en la Comisión de Educación.
Suspensión del diálogo con el Gobierno
Por su parte, el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Alberto Undurraga, anunció la suspensión de todo tipo de diálogo con el Ministerio de Educación hasta que se ofrezcan las disculpas públicas correspondientes.
Este incidente pone de manifiesto la tensión política que rodea la tramitación de proyectos de ley en el ámbito educativo, y subraya la importancia de mantener un clima de respeto y diálogo constructivo entre las autoridades gubernamentales y los representantes del Poder Legislativo.
