En un golpe a la transparencia electoral, el Servicio Electoral (Servel) ha objetado gastos por un total de $719 millones en las campañas de 14 gobernadores regionales. La investigación revela omisiones graves, facturas fuera de plazo y aportes no registrados oficialmente, poniendo en tela de juicio la rendición de cuentas de estos líderes regionales.
Los casos más destacados son los de los gobernadores de O’Higgins, Pablo Silva Amaya, y de Tarapacá, José Miguel Carvajal, cuyas cuentas fueron cuestionadas en un 100% por el Servel. Silva enfrentó observaciones sobre pagos millonarios en propaganda radial y servicios de imprenta sin justificar correctamente, mientras que Carvajal tuvo facturas por $75 millones entregadas fuera del plazo legal, además de un aporte de $1,4 millones no registrado oficialmente.
Transparencia Electoral en Entredicho
Desde el Congreso, la diputada del Partido Humanista por Tarapacá, Mónica Arce, advirtió que «si no se cuida la forma, el fondo siempre quedará en duda». Por su parte, el diputado de la UDI por la Región Metropolitana, Jorge Alessandri, valoró el control del Servel, afirmando que es positivo que se verifiquen estos puntos.
Los casos de O’Higgins y Tarapacá se encuentran actualmente en reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), instancia que deberá resolver si los argumentos de los gobernadores logran revertir las objeciones del Servel. Mientras tanto, el Gobierno Regional Metropolitano prefirió no referirse al tema, y desde Tarapacá señalaron que no emitirán comentarios hasta que se subsane el reclamo presentado.
Garantizando la Integridad del Proceso Electoral
Esta situación pone de manifiesto la importancia de contar con un sistema electoral sólido y transparente, donde los candidatos y autoridades electas rindan cuentas de manera íntegra. El Servel, como organismo encargado de velar por la legalidad de los procesos electorales, juega un rol fundamental en la preservación de la confianza ciudadana.
A medida que se resuelvan estos casos, será crucial que las autoridades regionales demuestren un compromiso inquebrantable con la rendición de cuentas y la transparencia, a fin de fortalecer la democracia y garantizar elecciones justas y legítimas en todo el país.
