Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha sacudido las finanzas públicas al revelar irregularidades por más de 1.600 millones de dólares en diversas entidades estatales, incluyendo municipalidades, universidades y ministerios. Sin embargo, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha buscado minimizar el impacto de estas observaciones, señalando que solo una pequeña fracción de ese monto, alrededor del 2,6%, realmente debe ser devuelta al erario público.
Según Marcel, la mayor parte de las observaciones se deben a fallas administrativas o desórdenes contables que pueden ser corregidos, más que a fondos «perdidos» o malversados. El ministro enfatizó que este tipo de hallazgos no son inusuales dado el tamaño y complejidad del aparato público, y que no se trata de un problema exclusivo de la actual administración.
Fortaleciendo la fiscalización y el control del gasto
No obstante, las críticas no se han hecho esperar. La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, señaló que este monto objetado podría permitir una rebaja de hasta tres puntos en el impuesto corporativo. Por su parte, expertos como José Antonio Valenzuela, del Centro de Estudios Pivotes, advirtieron que reducir ese monto no implica automáticamente un mayor espacio fiscal.
Este informe ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las facultades fiscalizadoras de la Contraloría, tanto en dotación de personal como en control preventivo. En el Congreso ya se tramitan proyectos en esa línea, y el presidente del Senado, José Manuel Ossandón, afirmó que la propia contralora, Dorothy Pérez, le entregó una minuta con las reformas necesarias.
Hacia una mayor transparencia y eficiencia en el gasto público
Si bien el Ministro Marcel ha buscado minimizar el impacto de estas observaciones, es claro que este informe de la Contraloría plantea un desafío importante en términos de transparencia y eficiencia en el manejo de los fondos públicos. Será crucial que las autoridades tomen medidas concretas para corregir las fallas administrativas y contables detectadas, y que se fortalezcan los mecanismos de fiscalización y control para evitar la repetición de este tipo de irregularidades en el futuro.
Solo así podremos asegurar que los recursos del Estado se destinen de manera adecuada y responsable, en beneficio de la ciudadanía y el desarrollo del país.
