En una decisión histórica, la Justicia argentina ha resuelto aplicar el juicio oral en ausencia para los 10 acusados de planificar el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en julio de 1994 y que dejó 85 muertos.
Los acusados, todos iraníes y libaneses, podrán ser juzgados a pesar de que no estén presentes en las audiencias. Esta medida se fundamenta en la reciente aprobación por el Congreso de una ley que habilita los juicios en ausencia, con el objetivo de evitar que queden impunes delitos graves como el terrorismo.
Una decisión excepcional pero necesaria
El juez federal Daniel Rafecas, quien aceptó la solicitud de la Unidad Fiscal de Investigación AMIA (UFI AMIA), argumentó que «esta es una situación excepcional» pero que «no hacer nada sería aún peor». Rafecas reconoció el «temor, la angustia, incluso la desilusión» que puede generar en las víctimas y familiares, pero consideró que el juicio en ausencia, «por más limitado que sea, aun así sigue siendo una herramienta que permite, al menos, intentar conocer la verdad, reconstruir lo ocurrido y, sobre todo, darles a quienes representan a las víctimas, un lugar para expresarse públicamente en ese proceso».
Los acusados prófugos
Los 10 iraníes y libaneses que serán juzgados en ausencia son: Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Ahmad Reza Asghari, Mohsen Rabbani, Salman Rauf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar. Todos ellos han evadido la Justicia argentina desde 2006, cuando la causa se estancó por la falta de avances en su localización.
A pesar de que han pasado 31 años desde el atentado a la AMIA, considerado uno de los casos más emblemáticos de impunidad en la historia de Argentina, esta decisión judicial representa un paso importante hacia la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.
Garantías para el imputado ausente
La nueva ley que habilita los juicios en ausencia también incorpora garantías para el imputado, como la designación de un defensor de oficio y la posibilidad de un nuevo juicio si el acusado se presenta posteriormente. Esto demuestra que, a pesar de las circunstancias excepcionales, el debido proceso y las garantías legales se mantienen intactas.
Esta decisión de la Justicia argentina representa un hito en la lucha contra la impunidad y envía un mensaje claro: los delitos graves, como el terrorismo, no quedarán sin castigo, incluso si los acusados logran evadir la justicia.
