En un hito histórico, el Estado de Chile ha reconocido por primera vez de manera institucional las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la Colonia Dignidad, actual Villa Baviera. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un exhaustivo informe de 206 páginas que califica los hechos ocurridos en este enclave alemán como «una de las más extensas y complejas tramas de abusos sistemáticos conocidas en Chile».
El documento, aprobado por unanimidad por el Consejo del INDH, no solo describe la magnitud del daño, sino que emplaza al Estado a avanzar en medidas concretas de reparación, como la creación de una comisión oficial que investigue las vulneraciones desde el origen de la colonia, y el diseño de una política pública de memoria, reparación y justicia.
Décadas de silencio y complicidad estatal
Desde su fundación en los años 60 por el pedófilo alemán Paul Schäfer, hasta su fuga en 1997, la Colonia Dignidad funcionó como una comunidad cerrada donde se cometieron crímenes atroces, incluidos abusos sexuales sistemáticos contra niños y niñas. Pero a partir del golpe de Estado de 1973, el lugar se transformó, además, en un centro de detención y tortura clandestino en coordinación con la DINA.
El informe sostiene que las estructuras jerárquicas de la Colonia, incluido su liderazgo y colaboradores, participaron activamente en secuestros, asesinatos y desapariciones de opositores, en complicidad con agentes del Estado. Sin embargo, a pesar de la multiplicidad de informes, querellas y sentencias, «no se ha realizado un reconocimiento oficial de la calidad de víctimas de violaciones de DD.HH. de los grupos de personas afectadas», salvo en los casos enmarcados directamente en la dictadura.
Un paso hacia la reparación
La directora saliente del INDH, Consuelo Contreras, fue categórica al presentar el informe: «Pocas veces se ha observado en la historia del país un caso en el que se planteen tantas y tan diversas denuncias, en un período tan extenso y que involucra la vulneración de la casi totalidad del catálogo de derechos humanos».
Este reconocimiento institucional marca un antes y un después, pues valida la condición de víctimas de derechos humanos de los sobrevivientes del enclave. Además, el informe propone una hoja de ruta con medidas concretas, como el apoyo a la decisión del Ejecutivo de expropiar parte de los terrenos de la ex Colonia, algo que las víctimas han solicitado reiteradamente.
Contreras destacó que este gesto «debe estar acompañado de un enfoque de derechos humanos, con participación efectiva de las personas afectadas, transparencia en el proceso y rendición de cuentas sobre las actuaciones de las autoridades». Asimismo, el INDH recomienda incorporar en la legislación un marco normativo para proteger los sitios de memoria y garantizar su sostenibilidad.
Como señaló Contreras, este informe representa «no solo un legado institucional, sino también una señal clara de lo que el país aún debe enfrentar». Pues, en sus palabras, «no se puede hablar de memoria, verdad y reparación si el Estado sigue eludiendo su responsabilidad con las víctimas de Colonia Dignidad. Este informe es el primer paso para saldar esa deuda histórica».
