En un sorprendente descubrimiento, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, ha denunciado un escandaloso fraude en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios municipales. Según los informes, un grupo de cinco médicos habría emitido más de 2.500 licencias exclusivamente a empleados de la municipalidad en un período de tan solo dos años.
Este hallazgo se suma a otros casos emblemáticos de mal uso de licencias médicas en la comuna, como el de un funcionario que estuvo 3 años con licencia continua y otro que adeuda más de 20 millones de pesos por licencias rechazadas. En total, durante 2024 se pagaron $14 mil millones en concepto de licencias médicas, recursos que podrían haberse destinado a construir, por ejemplo, un nuevo centro de salud familiar (Cesfam).
Recuperación de Fondos y Acciones Legales
Según el alcalde Wainraihgt, cuando su administración llegó a la Municipalidad se encontraron con cerca de $1.200 millones en licencias médicas que no habían sido recuperadas. En solo tres meses, lograron recuperar más de $1.000 millones gracias al trabajo de un equipo jurídico y técnico especializado.
Ahora, la autoridad ha confirmado que se han iniciado sumarios contra los funcionarios que salieron del país pese a estar con licencia, y que la Unidad Penal Municipal (UPM) está preparando una querella criminal en contra de quienes hicieron mal uso de las licencias, así como de los médicos que las extendieron sin justificación.
Llamado a Legislar por un Sistema Más Seguro
El alcalde Wainraihgt ha emplazado a los parlamentarios a legislar para contar con un sistema más seguro y que no implique gastos excesivos para las municipalidades. Según sus declaraciones, este escándalo se une a otros casos de cerca de 480 licencias presuntamente ideológicamente falsas utilizadas para salir al extranjero.
La situación en Puerto Montt pone de manifiesto la urgente necesidad de implementar controles más estrictos y sanciones ejemplares para quienes abusen del sistema de licencias médicas, a fin de proteger los recursos públicos y garantizar su uso responsable y transparente.
