Un grupo de 134 internos de la cárcel de Punta Peuco, todos adultos mayores condenados por violaciones a los derechos humanos, han interpuesto un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. La razón: Gendarmería ordenó el retiro de los refrigeradores personales que utilizaban para conservar medicamentos, alimentos especiales y otros insumos médicos.
Según la abogada penalista Carla Fernández Montero, quien presentó la acción legal, esta medida adoptada por Gendarmería vulnera gravemente los derechos fundamentales de los reclusos. La decisión se justifica oficialmente por razones de eficiencia energética, pero los internos sospechan que está relacionada con el anuncio presidencial de convertir Punta Peuco en una cárcel «común», lo que implicaría albergar a nuevos reos con un perfil criminológico diferente.
Adultos Mayores con Necesidades Especiales
Los internos de Punta Peuco, con un promedio de edad cercano a los 80 años, padecen de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y patologías terminales. Muchos de ellos requieren refrigeración constante para conservar insulina, alimentos enterales y proteínas esenciales que no están incluidas en la comida proporcionada por el establecimiento penitenciario.
Según el recurso, «los refrigeradores posibilitan preservar diversos alimentos perecibles, especialmente, lácteos, carnes y huevos, que constituyen una parte esencial de la alimentación de un adulto mayor, y que el ‘rancho’ diario no es capaz de satisfacer, especialmente, en personas que requieren alimentación con alto contenido proteico más que graso».
Un Trato «Cruel e Inhumano»
La abogada Fernández acusa a Gendarmería de Chile de adoptar una medida que constituye un «trato cruel e inhumano» y un «atentado flagrante a la dignidad» de los internos. Cita fallos previos de la Corte Suprema que reconocen la necesidad de un trato penitenciario adecuado para personas mayores y enfermas, equiparando ciertas unidades penales a establecimientos de larga estadía (Eleam).
Entre las peticiones del recurso se incluye una orden de no innovar para frenar la medida mientras se resuelve el fondo del caso, así como la mantención de los refrigeradores en sus condiciones actuales. Además, se solicita una visita de fiscalización al recinto carcelario por parte del Ministerio Público y medidas administrativas para evitar supuestas nuevas vulneraciones.
