La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación especial sobre los gastos en maquillaje y peinados realizados por la Presidencia de la República para la fotografía oficial del Gobierno durante la Cuenta Pública del pasado 1 de junio.
La investigación fue solicitada por los diputados Miguel Mellado, Carla Morales y Eduardo Durán, de la bancada de Renovación Nacional (RN), quienes presentaron un oficio a la Contraloría alegando que los contratos adjudicados mediante trato directo a la empresa Sello Tocadiscos SPA podrían constituir una fragmentación para eludir los límites establecidos por la normativa.
Gastos cuestionados
Según los antecedentes expuestos, el presidente Gabriel Boric y sus 23 ministros habrían utilizado servicios de maquillaje y peinado previos a la fotografía oficial, con un costo total de $3.816.838, es decir, aproximadamente $159.000 por persona.
Estos gastos fueron cargados a fondos públicos y adjudicados mediante trato directo a la empresa Sello Tocadiscos SPA, cuyo registro en el Servicio de Impuestos Internos (SII) no incluye servicios específicos de peluquería o estética.
Posible fragmentación de contratos
Además del contrato por los servicios de maquillaje y peinado, los diputados denunciaron un segundo contrato con la misma empresa, también vía trato directo, por un total de $6.249.999, destinado a servicios de sonido, dirección de televisión y técnicos de montaje para la actividad de la Cuenta Pública.
Ambos contratos, sumados, superan el tope legal de 100 UTM (aproximadamente $6.878.500) para este tipo de adquisiciones, lo que llevó a los parlamentarios a sospechar de una eventual fragmentación de contrato con el fin de no sobrepasar el límite normativo.
Investigación de la Contraloría
El oficio presentado a la Contraloría solicita que se instruya un sumario administrativo y que se requiera información a la directora administrativa de la Presidencia, Antonia Illanes, así como a cualquier otra persona que se estime pertinente. También se pide evaluar la legalidad del trato directo utilizado y, en caso de corresponder, aplicar las sanciones administrativas necesarias.
Los diputados fundamentan su petición señalando que en gobiernos anteriores los servicios de maquillaje y peluquería eran financiados de forma personal por los propios ministros, según declaraciones de exautoridades recogidas por medios de comunicación.
La Contraloría deberá determinar si hubo una fragmentación de contratos para eludir los límites normativos y si los gastos en maquillaje y peinado fueron debidamente justificados y realizados conforme a los procedimientos administrativos y financieros establecidos.
