En un revés para la modernización del transporte público en la región de La Araucanía, el Gobierno Regional (GORE) y la Secretaría Regional Ministerial de Transportes (Seremitt) desembolsaron más de $396 millones en un proyecto inconcluso de instalación de validadores, según un informe de la Contraloría General de la República.
La iniciativa, denominada «Evaluación de un sistema regional piloto de recaudo, información al usuario y gestión del transporte», buscaba implementar un sistema de validadores en Temuco y Villarrica. Sin embargo, el proyecto no se concretó por «impedimentos técnicos» y la «falta de compromiso de los operadores tecnológicos de los servicios de transporte», según detalló el ente contralor.
Incumplimientos y Falta de Diligencia
De acuerdo al informe, el GORE y la Seremitt pagaron un total de $396.907.170 a la empresa Cityplanning SpA por el proyecto, el cual abarcaba el período entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de marzo de 2024. Sin embargo, la Contraloría detectó que la empresa tuvo atrasos en la entrega de informes de avance, lo que debió haber sido sancionado con una multa de $95.964.504, la cual no fue aplicada.
Además, se verificó que el GORE y la Seremitt advirtieron la inviabilidad de continuar con ciertas etapas del proyecto debido a los atrasos e incumplimientos por parte de Cityplanning SpA. A pesar de esto, las autoridades regionales optaron por dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo, una decisión que, según la Contraloría, «no se ajustaría a las circunstancias que realmente correspondían».
Responsabilidades Administrativas Pendientes
Como resultado de estas irregularidades, la Contraloría ordenó el inicio de un procedimiento disciplinario en ambos servicios públicos para determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Además, se instruyó al GORE a evaluar la procedencia de descontar estados de pago y aplicar las multas correspondientes por $95.964.504.
Este fracaso en la implementación de un sistema de validadores para el transporte público en La Araucanía pone de manifiesto la necesidad de una mayor diligencia y compromiso por parte de las autoridades y empresas contratadas, a fin de garantizar un uso eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos planteados.
