En un movimiento que ha generado controversia, el presidente argentino Javier Milei y su ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, anunciaron una reforma radical de la Policía Federal Argentina (PFA). La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial, otorga a la fuerza policial amplias facultades para llevar a cabo investigaciones criminales y acciones de prevención del delito, incluyendo la posibilidad de realizar requisas y detenciones sin orden judicial en determinadas circunstancias.
Según el decreto, la misión principal de la PFA será «prevenir, detectar e investigar delitos federales y complejos, así como la de colaborar en la desarticulación de organizaciones criminales». Para ello, se habilita al cuerpo policial a realizar requisas sin orden judicial «ante la concurrencia de los siguientes supuestos: que existan circunstancias previas que razonable y objetivamente permitan presumir que se ocultan cosas relacionas con un delito; que no fuere posible esperar la orden judicial ante el peligro cierto de que desaparezcan las pruebas que se intentan incautar; que se practique en la vía pública o en lugares de acceso público y en el marco de operativos de prevención».
Asimismo, el decreto establece excepciones a las órdenes judiciales requeridas para las detenciones «si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad». Adicionalmente, se faculta a la Policía a realizar «sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios webs públicos y otras fuentes abiertas».
Milei justificó estas medidas afirmando que «vamos a aprender de los mejores; vamos a aprender de Estados Unidos; vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo». La reforma también incluye la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), un cambio profundo en la estructura de la PFA.
Esta decisión se produce en un contexto político y social tenso, marcado por la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández, lo que ha desatado protestas y un despertar del peronismo en Argentina. Algunos sectores han criticado la reforma por considerar que vulnera derechos y garantías constitucionales, mientras que los partidarios de Milei la defienden como una medida necesaria para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
