En un giro inesperado, el Gobierno ha tomado distancia de la propuesta de «Ley Mordaza 2.0» presentada por un grupo transversal de senadores. La iniciativa, que buscaba fortalecer la protección de antecedentes en procesos penales para evitar filtraciones, ha sido rechazada por las autoridades.
En una entrevista con Radio Duna, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, dejó en claro la posición del Ejecutivo: «Consideramos que con lo que hay basta, como Gobierno, lo ha opinado también así el Poder Judicial y todo el Ministerio Público tiene una opinión distinta».
Lobos argumentó que si bien las filtraciones son ilegales y existen regulaciones claras para resguardar las investigaciones, la solución no pasa por criminalizar aún más estas acciones. «Está como piedra angular de toda democracia la libertad de prensa y expresión», afirmó, dejando entrever que la propuesta podría poner en riesgo este principio fundamental.
Libertad de Prensa como Prioridad
La ministra reiteró que el Gobierno considera que las regulaciones vigentes en el Código Procesal Penal y el Código Penal son suficientes para proteger el secreto de las investigaciones. «Nosotros creemos que hay que sancionar duramente el tema de las filtraciones y, por otro lado, hay que garantizar plenamente la libertad de expresión y la libertad de prensa como piedra angular de toda democracia», concluyó.
Esta postura del Ejecutivo contrasta con la iniciativa presentada por los senadores Pedro Araya (PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), quienes buscaban tipificar y sancionar con penas de cárcel la divulgación de antecedentes de investigaciones penales reservadas.
Preocupación por el Impacto en la Libertad de Prensa
La decisión del Gobierno de distanciarse de esta propuesta ha sido bien recibida por diversos sectores, quienes expresaron su preocupación por el potencial impacto negativo que la «Ley Mordaza 2.0» podría tener sobre la libertad de prensa y expresión en el país.
Ahora, con el Ejecutivo posicionándose en contra de la iniciativa, se espera que el debate en torno a este proyecto de ley tome un rumbo diferente, priorizando la protección de los principios democráticos sobre el endurecimiento de las sanciones por filtraciones de información.
