En un golpe contundente contra la corrupción institucional, Carabineros ha destapado una trama delictiva que involucra a nueve de sus propios funcionarios y seis empleados del «sistema de justicia». La investigación interna, iniciada tras la detección de irregularidades por parte de un oficial en terreno, ha sacado a la luz un esquema de lucro ilícito relacionado con el desvío de vehículos embargados.
Según el general director de Carabineros, Marcelo Araya, los uniformados implicados pertenecen a distintas comisarías y estaban «asociados al diligenciamiento de las órdenes judiciales», lo que les permitía retirar ilegalmente los vehículos de la vía pública. Junto a ellos, los civiles involucrados forman parte del «sistema de justicia», aunque las autoridades no han revelado su filiación exacta.
Para el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, este caso pone de manifiesto que «las instituciones no son inmunes a la corrupción» y que la lucha contra ella requiere de «controles internos fuertes». Agrega que el hecho de que el sistema judicial también esté comprometido «da cuenta de una situación extremadamente grave en términos institucionales».
El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, explicó que los 15 detenidos serán formalizados por cargos como soborno, cohecho, falsificación de documentos públicos y organización criminal. «Lo que se hace en el fondo es sacar vehículos que estaban con algunas órdenes de embargo, en algunos casos fingiendo autoridad, para efecto del retiro de esos vehículos», detalló.
Este escándalo pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia dentro de las instituciones públicas, especialmente aquellas encargadas de la seguridad y la administración de justicia. La ciudadanía espera que este caso sirva de ejemplo para erradicar la corrupción y recuperar la confianza en las autoridades.
