En un golpe contundente contra la corrupción en las fuerzas del orden, la Fiscalía Sur ha logrado formalizar a 15 imputados -9 ex carabineros y 6 civiles- por su presunta participación en una extensa red de corrupción. Tres ex uniformados, el líder de la asociación criminal y un receptor judicial han quedado en prisión preventiva, mientras que los demás recibieron medidas cautelares menos rigurosas, a excepción de la esposa del cabecilla, quien enfrenta arresto domiciliario total.
Según la investigación, el modus operandi de esta organización delictiva era sumamente sofisticado. El falso receptor judicial reclutaba a carabineros mediante pagos para acelerar embargos, omitiendo los protocolos establecidos. Los vehículos terminaban en casas de remate con informes adulterados, y los ex policías cobraban hasta $220.000 por cada operación.
Abuso de Poder y Enriquecimiento Ilícito
Los ex carabineros participaban en montajes que facilitaban la salida de circulación de estos vehículos, utilizando su investidura y recursos públicos para retirar autos que debían ser recuperados por estudios jurídicos, alterando los procedimientos legales. Según el fiscal Eduardo Arrieta, «buscaban agilizar procesos ilegalmente. Los estudios jurídicos pagaban por rapidez, aunque no hay pruebas de que conocieran el mecanismo ilícito».
Falsificación y Engaño en Procedimientos Ilegales
Para simular legalidad, el receptor judicial falsificaba su presencia en los operativos, cuando en realidad era el líder civil de la red quien asistía. Otros ocho ex carabineros participaron en incautaciones irregulares, recibiendo entre $50.000 y $220.000 por auto retirado.
La organización también empleaba el engaño. En un caso emblemático, el líder civil y un cabo segundo convencieron al dueño de un camión FAW para que lo llevara a un outlet en Quilicura, donde lo incautaron con una radiopatrulla y sin seguir los protocolos.
Justicia Restablecida, pero Más Trabajo por Hacer
Si bien esta acción judicial representa un importante paso en la lucha contra la corrupción en Carabineros, es evidente que aún queda mucho trabajo por hacer para erradicar estas prácticas ilegales que socavan la confianza pública. La ciudadanía espera que este caso sirva de ejemplo y que las autoridades continúen investigando y sancionando con firmeza a quienes abusen de su poder en detrimento de la sociedad.
