En una decisión unánime, el Tribunal Constitucional (TC) ha resuelto el conflicto de competencias entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental (ITA) sobre el proyecto minero-portuario Dominga. El TC rechazó la contienda promovida por el Comité, validando las actuaciones del ITA en la fase de ejecución de su fallo de diciembre de 2024.
El TC fundamentó que el ITA sí posee competencia para supervisar el cumplimiento de sus propias resoluciones, contrariamente a lo alegado por el Comité de Ministros. Este último había argumentado que el tribunal ambiental había excedido sus atribuciones al modificar parcialmente su resolución del 14 de enero de 2025, invadiendo facultades discrecionales reservadas al órgano administrativo.
Antecedentes del Caso
Recordemos que el Comité de Ministros había acudido al Tribunal Constitucional (TC) luego de que el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenara al Comité votar -nuevamente- la mencionada iniciativa minera portuaria Dominga. Desde el Ejecutivo, a través del Comité de Ministros, se cuestionó que el ITA hubiera excedido sus competencias, violando los artículos 30 de la Ley N°20.600 y 20 de la Ley N°19.300.
Validación de las Actuaciones del Tribunal Ambiental
Sin embargo, en su sentencia, el TC respaldó plenamente el rol del Primer Tribunal Ambiental, estableciendo que este sí posee la competencia necesaria para supervisar el cumplimiento de sus propias resoluciones. De esta manera, el máximo tribunal constitucional rechazó los argumentos del Comité de Ministros, validando las actuaciones del ITA en este caso clave.
Este fallo sienta un precedente importante sobre los alcances de las competencias de los tribunales ambientales en Chile, reafirmando su capacidad para hacer cumplir sus propias determinaciones en proyectos de gran envergadura como Dominga.
Implicaciones y Próximos Pasos
La decisión del TC implica que el Comité de Ministros deberá acatar las instrucciones del Primer Tribunal Ambiental respecto al proyecto Dominga. Esto podría significar la necesidad de una nueva votación o la implementación de medidas adicionales ordenadas por el ITA.
Sin duda, este fallo clave refuerza el rol de los tribunales ambientales como garantes del cumplimiento de la normativa ambiental, incluso frente a presiones de órganos administrativos. Queda por ver cómo evolucionará el proceso de Dominga a la luz de esta resolución del Tribunal Constitucional.
