En una jugada sorpresiva, el Gobierno de Chile presentó observaciones para eliminar algunas disposiciones que el mismo Ejecutivo había impulsado en un proyecto de ley que simplifica las regulaciones para invertir. Este proyecto, aprobado previamente en el Congreso, estaba listo para ser promulgado cuando el Presidente Gabriel Boric ejerció su derecho a veto.
Específicamente, el veto presidencial buscaba eliminar dos artículos clave: el 22, que permitía inversiones en zonas de humedales con permiso técnico, y el 33, que habilitaba el uso de aguas subterráneas en áreas restringidas con autorización de la Dirección General de Aguas (DGA). La oposición acusó al Gobierno de inconsistencia, tildando la medida como un retroceso para la reactivación económica.
Debate en el Congreso
La Comisión de Hacienda de la Cámara revisó el veto presidencial. Allí, la Subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, aseguró que las normas aprobadas generan preocupación sobre su impacto y proporcionalidad, advirtiendo que «podrían llevar a permitir alteraciones que comprometan la integridad de los humedales en caso no justificado».
Por su parte, el diputado UDI Felipe Donoso pidió rechazar las observaciones, advirtiendo que afectarían obras como puentes y sistemas de agua. Mientras tanto, el diputado del Frente Amplio Jaime Sáez cuestionó que la medida se discutiera solo en comisiones económicas, sin incluir a las de Medio Ambiente y Recursos Hídricos.
Rechazo de la Comisión
Finalmente, la Comisión de Hacienda de la Cámara rechazó los vetos del Presidente Boric. Sin embargo, esta es solo una recomendación a la Sala, que será la encargada de revisar el veto. Se proyecta que las observaciones del Ejecutivo serán aprobadas, ya que se necesitan 2/3 de los votos para frenar la iniciativa.
Este episodio evidencia la tensión entre los esfuerzos del Gobierno por agilizar inversiones y las preocupaciones ambientales que surgen en torno a dichas medidas. La resolución final de este debate tendrá importantes implicaciones para el futuro de la actividad económica y la protección de los recursos naturales en Chile.