La Fundación Salvador Allende, creada en honor al expresidente, se encuentra en el centro de una nueva controversia legal. Según se ha dado a conocer, en el año 2017, el organismo acordó con el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) saldar una deuda de $560 millones mediante la entrega de 93 obras de arte.
Este acuerdo tiene su origen en la venta que el Serviu realizó en 2004 del Palacio Heiremans, ubicado en República 475, Santiago, donde hoy funcionan las dependencias de la Fundación Salvador Allende. Sin embargo, hasta la fecha, la Fundación no ha efectuado la entrega de las obras de arte acordadas, lo que ha motivado una nueva acción judicial en su contra.
Demanda por «Privilegio» de la Fundación
La Fundación Fuerza Ciudadana, encabezada por el abogado Raimundo Palamara, ha sumado esta nueva demanda a las acciones legales que mantiene contra la Fundación Salvador Allende. Palamara afirma que el objetivo es «devolver al pueblo lo que es del pueblo», cuestionando el supuesto «privilegio» que habría obtenido la Fundación Salvador Allende al pactar el pago de la deuda con obras de arte.
Desde la oposición, la diputada de Renovación Nacional, Marcia Raphael, señaló que buscarán establecer si otras instituciones o personas también han pagado inmuebles fiscales con cuadros, como en este caso, llamando a respetar el principio de igualdad ante la ley.
Preocupación del Serviu por Traslado de las Obras
Por su parte, el director del Serviu Metropolitano, Roberto Acosta, manifestó que el organismo está ahora enfocado en trasladar las 93 obras de arte desde las dependencias de la Fundación Salvador Allende hasta el Centro Nacional de Arte Contemporáneo.
En un comunicado, la Fundación Salvador Allende afirmó que el valor de las obras «fue debidamente tasado por peritos independientes y aceptado por el Serviu como forma de pago, conforme a las disposiciones legales aplicables en este tipo de transacciones».
