La exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se encuentra en el centro de una controversia luego de que un grupo de concejales presentara una solicitud para inhabilitarla de ejercer cargos públicos durante cinco años. Los ediles acusan a Hassler de un presunto abandono de deberes durante su gestión entre 2021 y 2024.
Entre los hechos denunciados por los concejales se encuentran irregularidades en la Corporación para el Desarrollo de Santiago (CORDESAN), como la falta de fiscalización en las transferencias de fondos y anomalías en la rendición de cuentas. También se cuestiona la fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella y problemas en la entrega de tarjetas de alimentos por parte del municipio en 2024.
Ausencias Injustificadas y Falta de Transparencia
Otro punto señalado por los concejales es la ausencia reiterada e injustificada de Hassler a las sesiones del Consejo Comunal de las Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), así como el incumplimiento del deber de presidir el número mínimo de sesiones anuales. Además, se acusa a la exalcaldesa de irregularidades presupuestarias y financieras, y deficiencias en materia de seguridad pública.
Reacción de Hassler y Plazos Legales
Ante la acción de los concejales, Hassler solicitó al Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana que declare inadmisible el requerimiento. En su argumento, la exalcaldesa sostiene que su «eventual responsabilidad administrativa se extingue por haber cesado en sus funciones».
Además, señala que, en caso de existir un notable abandono de deberes o faltas graves, el requerimiento debería haberse presentado dentro de los seis meses posteriores al término de su periodo edilicio. Hassler renunció a su cargo el 15 de noviembre de 2024, por lo que el plazo para presentar el requerimiento venció el pasado 15 de mayo.
Persecución Política o Responsabilidad Administrativa
La exalcaldesa también argumenta que las supuestas infracciones señaladas por los ediles son «materias que están bajo el imperio de la ley», es decir, procesos como sumarios administrativos, causas penales o actos de la Contraloría. Hassler considera que el requerimiento de los concejales «constituye un hito más en la persecución a la que ha sido sometida».
El futuro de Irací Hassler y su posible inhabilitación para ejercer cargos públicos quedará en manos del Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana, que deberá determinar si los argumentos de los concejales son válidos o si, por el contrario, la exalcaldesa logra que su solicitud sea declarada inadmisible.
