La realidad del abandono estructural que enfrentan miles de adultos mayores en Chile es alarmante. Según una reciente denuncia de una ONG, muchas personas de la tercera edad han sido retenidas en hospitales tras recibir el alta médica, simplemente porque no cuentan con redes familiares o públicas que puedan acogerlas. Este dato revela el colapso del modelo de cuidados y la ausencia de un sistema de protección integral para quienes envejecen en condiciones de dependencia y pobreza.
Como solución, se ha propuesto una vía legal denominada «Ley Hijito Corazón», que pretende equiparar el abandono hospitalario de personas mayores a la lógica de la «Ley Papito Corazón». Sin embargo, esta analogía no solo es simplista, sino que desconoce por completo la especificidad de la vejez y los desafíos del cuidado en contextos de fragilidad. Es una medida emocionalmente atractiva, pero técnicamente ineficaz y socialmente regresiva.
La infantilización de la vejez
La propuesta perpetúa una lógica que equipara las experiencias del envejecimiento con las de la niñez, como si ambas compartieran la misma naturaleza de dependencia. Esta infantilización de la vejez reproduce una mirada asistencialista y caritativa, que, en vez de reconocer a este grupo como sujetos de derechos, los posiciona como objetos de caridad y lástima, perpetuando la discriminación estructural.
Además, esta narrativa refuerza una noción peligrosa: que las personas mayores son una «carga» que debe ser asumida por otros. Esa visión —arraigada en el viejismo cultural— debe ser erradicada para avanzar hacia políticas públicas que reconozcan la interdependencia como condición humana y promuevan la autonomía con apoyos.
El Estado no puede legislar el amor
La propuesta intenta regular el abandono familiar mediante la imposición de un deber de cuidado filial, como si el afecto pudiera ordenarse por decreto. Pero los vínculos afectivos no son exigibles legalmente, ni existen mecanismos institucionales que permitan fiscalizarlos. El Estado no puede garantizar el cumplimiento de ese «deber», porque ni siquiera cuenta con una infraestructura mínima de apoyo a cuidadores o redes comunitarias.
Esta visión parte de una premisa errada: que cuidar es un deber natural, y que la familia es siempre un espacio de cuidado seguro. Pero no lo es. Muchas veces hay violencia, abandono, vínculos rotos, o simplemente ausencia de redes. Lo que se necesita no es más castigo, sino más Estado.
Lo que se necesita: más derechos, recursos y cuidados
Lo que lograría una ley de este tipo no es resolver el abandono, sino maquillar el desamparo estructural del Estado con una narrativa de culpa individual. Se traslada el problema de lo público a lo privado, sin modificar ninguna de las condiciones estructurales que generan el abandono.
Lo que se necesita es un Estado que financie unidades de cuidado posthospitalario, programas de rehabilitación domiciliaria, redes de apoyo comunitario y centros de recuperación transitorios. Un Estado que no criminalice los afectos, sino que garantice derechos sociales con corresponsabilidad e integración territorial.
Porque, en definitiva, los derechos humanos no pueden depender de que alguien te quiera. Deben depender de que el Estado haga lo que le corresponde: cuidar, proteger y garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas, en todas las etapas del curso de vida.
