Los principales sindicatos de Argentina han anticipado que convocarán un paro nacional si la Corte Suprema ratifica la condena contra la ex presidenta Cristina Fernández (2007-2015) en la causa que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante su gobierno.
El fallo podría excluir a Fernández de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre. Líderes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la Asociación Bancaria han anunciado que iniciarán movilizaciones inmediatas si se confirma la condena de la ex presidenta esta semana.
«Está en riesgo la democracia», alertó Abel Furlán, líder de la UOM, quien anticipó que se hará una reunión este lunes a las 15:00 hora local (14:00 hora de Chile) en la sede del opositor Partido Justicialista para definir acciones.
Denuncian Persecución Política y Proscripción
Los sindicalistas han denunciado que la condena responde a una «lógica de venganza» y un intento deliberado de proscripción de la principal referente opositora al gobierno de Javier Milei. Acusan al Poder Judicial de responder a intereses económicos y de aplicar un doble estándar.
«No se desestima ninguna medida de fuerza desde el movimiento obrero por estas intenciones de la Justicia, que hoy sigue profundizando la persecución política sobre Cristina (Fernández)», aseguró el secretario general de la UOM, Abel Furlán.
Coordinan Respuesta Unificada
En paralelo, el Instituto Patria -vinculado a Fernández- ha convocado a una reunión urgente con dirigentes sindicales, legisladores y organizaciones sociales para coordinar una respuesta unificada si el fallo se confirma.
La ex presidenta advirtió que podrían meterla presa para evitar que compita en las elecciones legislativas, denunciando que «se desataron los demonios» tras su anuncio de candidatura.
Medios locales especulan con la posibilidad de que la Corte Suprema se pronuncie en forma inminente y confirme una sentencia en contra de Fernández de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
