La Cámara de Diputadas y Diputados ha aprobado con amplia mayoría el informe final de la Comisión Especial Investigadora (CEI) sobre los convenios de la Fundación ProCultura con entidades estatales. La votación registró 81 votos a favor y solo tres abstenciones, lo que refleja un fuerte consenso político en torno a las conclusiones del documento.
El informe se enmarca en la investigación del Ministerio Público que indaga 18 convenios, por más de $5.800 millones, adjudicados a la ONG presidida por el psiquiatra Alberto Larraín. La Fiscalía acumula indicios de lavado de activos, fraude al Fisco, tráfico de influencias, apropiación indebida y estafa.
Hallazgos y Deficiencias Estructurales
El informe visado por la Cámara denuncia graves deficiencias en el sistema de transferencias públicas y detecta posibles delitos. El texto afirma que «el caso ProCultura deja en evidencia una profunda vulnerabilidad del patrimonio público frente a la mala administración o al uso indebido de los recursos fiscales, situación que debe ser abordada de manera urgente».
Entre sus principales conclusiones destacan la presencia de sobreprecios y gastos irregulares; una intrincada red de empresas relacionadas con ProCultura; la recurrencia de asignaciones directas a la ONG; la insuficiente evaluación por parte del Estado; brechas en los procedimientos de selección; omisión de inhabilidades; vínculos no declarados con gobernadores; y la incapacidad estatal para recuperar fondos.
Responsabilidades Políticas
El informe atribuye responsabilidades políticas específicas a gobernadores regionales que suscribieron acuerdos con ProCultura, al exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi, y al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
Sobre Claudio Orrego, el informe indica que «posee una responsabilidad particularmente significativa desde el punto de vista político, debido a su rol activo en impulsar y promover el proyecto ‘Quédate'». Agrega que la asignación de $1.600 millones se hizo «de forma acelerada y sin el debido respaldo técnico-administrativo» y en un contexto de «conocidos vínculos personales y profesionales previos con Alberto Larraín», lo que debió motivar inhabilidad.
El informe también extiende responsabilidad política a otros gobernadores, como Jorge Fliesen de Magallanes y Óscar Crisóstomo de Ñuble, quienes enfrentan investigaciones por su presunta omisión en la supervisión de fondos públicos.
Respecto a Miguel Crispi, el informe sostiene que «posee una responsabilidad especialmente relevante… debido a su rol directo en la validación institucional de la fundación como entidad subejecutora». Acusa que la Subdere, bajo su mando, otorgó a ProCultura «una validación técnica que asignó puntajes extremadamente altos sin efectuar una evaluación sustantiva y objetiva».
Propuestas para el Control
La comisión investigadora propone una serie de medidas para mejorar el control en convenios con fundaciones. Entre ellas destacan impulsar reformas legales sobre probidad y control de transferencias; crear un registro obligatorio de personas jurídicas receptoras de fondos públicos; y reformar la ley de contratos administrativos para restringir asignaciones sin licitación.
También plantea reforzar el deber de denunciar delitos para funcionarios públicos y fortalecer significativamente a la Contraloría General de la República (CGR), potenciando su rol preventivo y de fiscalización, además de aumentar sus recursos.
Otras propuestas clave son: reforzar la evaluación técnica y financiera previa para evaluar la idoneidad de las entidades receptoras; exigir auditorías periódicas; implementar sistemas de trazabilidad completa y monitoreo en línea de recursos; exigir a las ONG boletas de garantía bancaria; fortalecer controles internos en servicios públicos; y definir sanciones específicas para funcionarios que omitan declarar conflictos de interés o vínculos personales relevantes.
