En una decisión sin precedentes, un juzgado de la región boliviana de Potosí ha ordenado la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los contratos firmados por el gobierno con la empresa rusa Uranium One Group y la china CBC para la explotación de litio en la zona. Esta medida cautelar se emitió en respuesta a una acción popular presentada por la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl), que agrupa a 53 comunidades indígenas de la provincia.
Según la Cupconl, el juez dictó esta histórica medida para frenar el avance de proyectos extractivos que amenazan nuestros derechos colectivos, nuestras fuentes de agua y a la Madre Tierra
. La diputada Lissa Claros, de la oposición, explicó que los pueblos indígenas denunciaron que incluso las pruebas piloto realizadas por una de las empresas ya habían generado falta de abastecimiento de agua
, lo cual pone en riesgo la supervivencia de estas comunidades.
Protección de Derechos y Medio Ambiente
El juez también instruyó al Ministerio de Hidrocarburos y Energías, así como a la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), a abstenerse de ejecutar cualquier obra o acción administrativa relacionada con estos contratos hasta que se resuelva el fondo del proceso y se garantice el cumplimiento de las normas sobre derechos humanos, ambientales y de la Madre Tierra.
Según la diputada Claros, esta medida cautelar fue solicitada para evitar el exterminio de estos pueblos indígenas
ante el potencial impacto devastador que tendría la implementación de estas plantas de extracción de litio a gran escala. La legisladora recordó que YLB había señalado que el estudio de impacto ambiental se realizaría después de la aprobación de los contratos en el Legislativo, lo cual pone en evidencia la falta de consideración por los derechos de las comunidades afectadas.
Reservas de Litio en Bolivia
Bolivia cuenta con unas de las mayores reservas de litio del mundo, estimadas en aproximadamente 23 millones de toneladas según estudios estatales. La mayor parte de estos recursos se encuentran en el Salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, así como en los salares de Pastos Grandes y Coipasa.
El gobierno boliviano ha firmado acuerdos con empresas chinas y rusas para implementar tecnologías de extracción directa de litio (EDL) y construir plantas de carbonato de litio. Sin embargo, esta decisión judicial pone un freno temporal a estos proyectos hasta que se garantice el cumplimiento de las normas ambientales y de derechos humanos.
Esta medida cautelar representa una victoria histórica para las comunidades indígenas de Nor Lípez, quienes han logrado detener el avance de estos proyectos extractivos que amenazaban sus recursos naturales y su forma de vida. La preservación del medio ambiente y los derechos de los pueblos originarios se imponen ante los intereses económicos en esta batalla legal.
