El Gobierno Regional (GORE) de Santiago se encuentra inmerso en una batalla legal para cobrar cinco pólizas de garantía asociadas al convenio suscrito con la fundación ProCultura, la cual fue terminada anticipadamente debido a un escándalo de presuntas irregularidades. Este proceso se enmarca en los esfuerzos del GORE por recuperar los fondos públicos entregados a la organización liderada por Alberto Larraín, un siquiatra investigado por supuestas anomalías en el manejo de millonarios recursos destinados a diversos proyectos en todo el país.
Según el GORE, el programa de prevención del suicidio «Quédate», ejecutado en conjunto con ProCultura, finalizó de manera anticipada en noviembre de 2023 debido a incumplimientos contractuales por parte de la fundación, específicamente por no entregar la información bancaria requerida en medio de las denuncias. Como parte de las condiciones para aprobar el proyecto, se exigió la contratación de un seguro por el 100% del valor del dinero entregado, lo que ahora permite al organismo público buscar recuperar dichos montos, que superan las 31.000 UF (más de $1.000 millones).
Sin embargo, el proceso no ha sido sencillo. En diciembre de 2023, el 8º Juzgado Civil de Santiago acogió un recurso de la aseguradora Porvenir (Aspor), bloqueando las intenciones del Gobierno de Santiago. Aunque los problemas iniciales fueron subsanados, el bloqueo se mantiene hasta la fecha.
La Batalla Legal Continúa
Ante esta situación, el GORE ha recurrido a diversas instancias para revertir el bloqueo. En primer lugar, acudió a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que en julio de 2024 impuso una multa de 1.000 UF a Porvenir. Posteriormente, en agosto del mismo año, el GORE emitió una circular informando que en el futuro no aceptaría más pólizas de la empresa en sus próximos convenios.
Esto fue respondido por Aspor mediante un recurso de protección, acusando que la medida era una represalia ilegal. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso en noviembre de 2024, decisión que fue confirmada por la Corte Suprema en marzo de este año.
Determinación del Gobierno de Santiago
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, ha sido enfático en su posición: «Somos la única institución pública en Chile que exigió el 100% de garantía de los recursos, mucho antes del escándalo de los convenios. Por eso, tenemos la certeza que vamos a recuperar hasta el último peso de ProCultura».
Orrego también ha hecho una analogía con la situación que enfrentan los ciudadanos cuando contratan un seguro y las aseguradoras se niegan a pagar. «Que una compañía se resista a pagar es lo que le pasa a todos los chilenos que han contratado un seguro por robo, temporal, incendio o robo de auto, y las aseguradoras no se lo quieren pagar. ¿Y quién nos defiende? El Consejo de Defensa del Estado y la Comisión de Mercado Financiero. Estoy convencido en que vamos a recuperar hasta el último peso de esta causa».
Actualmente, el Gobierno de Santiago tiene una causa civil donde está representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que también defiende a la CMF, ya que Porvenir fue a la justicia para revertir la multa impuesta.
Esta batalla legal refleja el compromiso del Gobierno Regional de Santiago por recuperar los fondos públicos entregados a ProCultura, en medio de un escándalo que ha puesto en tela de juicio la transparencia y el manejo de recursos destinados a programas sociales y culturales en el país.
