El Senado ha dado un paso importante para abordar el problema de las filtraciones judiciales, iniciando la tramitación de un proyecto de ley que busca sancionar penalmente la divulgación no autorizada de información confidencial. Esta iniciativa surge tras la revelación de antecedentes del Caso Procultura, que ha generado preocupación por el impacto de estas filtraciones en el avance de las investigaciones y el debido proceso.
La Comisión de Constitución del Senado ha comenzado a debatir el proyecto, que es impulsado por los cinco integrantes de la instancia. El objetivo principal es extender la reserva del secreto en las investigaciones del Ministerio Público y establecer sanciones penales para quienes divulguen información confidencial.
Buscando un Equilibrio entre Transparencia y Confidencialidad
El senador Pedro Araya (PPD), miembro de la comisión, ha expuesto los detalles de la propuesta, que busca proteger la reserva investigativa y evitar que la divulgación de información afecte el avance de las indagatorias. Sin embargo, ante las preocupaciones sobre una posible restricción a la libertad de prensa, el senador Alfonso de Urresti (PS) ha solicitado al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, una mayor colaboración del Ejecutivo para avanzar en el proyecto.
El ministro Gajardo ha valorado la iniciativa, reconociendo que la idea base va en el camino correcto. No obstante, ha presentado algunas diferencias con puntos específicos de la propuesta, como los conceptos utilizados para limitar la cantidad de intervinientes en las querellas. Además, ha cuestionado el uso excesivo de la reserva de la carpeta investigativa, destacando la importancia del derecho a la defensa y el acceso a la información.
Invitando a Expertos y Fiscales para Enriquecer el Debate
En la comisión, los senadores han calificado las diferencias con el Ejecutivo como mínimas y han apelado a que el gobierno apoye la medida. Para enriquecer el debate, han acordado invitar al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, a una próxima sesión, así como a diferentes académicos en una ronda de consultas que se extenderá por tres sesiones, antes de proceder a la votación de la iniciativa en general.
Es crucial encontrar un equilibrio adecuado entre la transparencia y la confidencialidad de las investigaciones judiciales
, ha señalado el senador Araya. La protección de la integridad del proceso penal y el respeto al debido proceso son los ejes centrales de este debate, que busca evitar que las filtraciones judiciales sigan afectando el avance de las indagatorias y la confianza en el sistema de justicia.
