El ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, se encuentra en el ojo del huracán por su supuesta falta de imparcialidad en el caso del proyecto minero-portuario Dominga. Diversas organizaciones, encabezadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), han presentado recursos solicitando su inhabilitación en el proceso, alegando su estrecha relación con el abogado Marcelo Castillo Sánchez, quien representa al Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales Totoralillo, parte activa en la causa.
La ofensiva contra Matus se desató luego de que el SEA, en nombre del Comité de Ministros, ingresara una solicitud de nulidad ante la Corte Suprema para dejar sin efecto la admisibilidad de los recursos de casación en el caso Dominga. Según el SEA, la inhabilidad del magistrado ha sido reconocida por él mismo, debido a su relación con Castillo Sánchez.
A la moción del SEA se han sumado nuevos recursos presentados por juristas representantes del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable de Los Choros, la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros y la organización de conservación marina Oceana. Estos grupos han interpuesto una recusación en contra del ministro de la Tercera Sala de la Suprema, argumentando que su imparcialidad se encuentra comprometida.
Marcos Emilfork, abogado y coordinador jurídico de la ONG FIMA, reiteró que es necesaria la inhabilitación de Matus «para resguardar la confianza pública en la administración de justicia».
Cabe destacar que el sindicato representado por Castillo Sánchez mantiene un «Acuerdo de Cooperación» con Andes Iron, la empresa detrás del proyecto Dominga. Además, el abogado también representa al sindicato en una querella criminal en curso contra la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, y otras autoridades que integraron el Comité de Ministros que rechazó el proyecto en enero.
Juan Pablo Leppe, abogado experto en derecho ambiental, señaló que, de acogerse la solicitud del SEA, quedarían solo 4 ministros para votar, y si la votación empata, se produciría un problema. Por su parte, Cristián Riego, abogado penalista y académico de la Universidad Diego Portales, indicó que la resolución final no se conocerá hasta que se resuelva la solicitud del Ejecutivo.
Expertos coinciden en que la solicitud de nulidad no solo busca impedir que Matus redacte el fallo, sino también retrotraer la causa para que sea nuevamente revisada por una sala sin la participación del juez objetado.
