Después de cinco años de que saliera a la luz, este lunes se llevó a cabo la primera audiencia de formalización del caso conocido como «Papaya Gate» en el Juzgado de Garantía de La Serena, con la exintendenta Lucía Pinto en el centro de atención.
Durante la instancia, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, imputó cargos a la exintendenta de Coquimbo durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, así como a su entonces administrador regional, José Cáceres. También se suma el gerente general de la Inmobiliaria Guayacán, Pablo Bracchitta.
A todos se les imputa el delito de fraude, y en el caso particular de José Cáceres, también se le atribuye el delito de negociación incompatible. Adicionalmente, el Ministerio Público busca demostrar varios delitos tributarios para otros empresarios involucrados: Lorenzo Iduya, Nicolás Bakulic, Karim Daire, Manuel Daire y Luis Iver.
La Compra Millonaria de Terrenos
El caso se refiere a la compra de terrenos por parte del Gobierno Regional de Coquimbo para la creación de un centro deportivo en el sector de San Ramón, por más de $9,800 millones, cuando el valor real de estos no superaría los $4,000 millones.
Según lo explicado en la audiencia, José Cáceres estuvo involucrado en un conflicto de interés en la operación, ya que desde 2016 mantenía una relación comercial con varios socios de la Inmobiliaria Guayacán, lo cual ocultó durante el proceso de compra.
A pesar de que la Contraloría rechazó cuatro contratos para la compra que pretendía realizar la exintendenta Lucía Pinto, ella de todas formas ingresó un nuevo contrato en una notaría de la ciudad, sin que este pasara por la Contraloría y su «toma de razón», lo que desencadenó la investigación del Ministerio Público.
Perjuicio Patrimonial Significativo
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, sostuvo que se trata de una decisión «irracional» dado el alto costo y la naturaleza del proyecto, ya que los seis lotes adquiridos fueron comprados en condiciones desfavorables, a un precio muy por encima del valor de mercado y sin considerar otras opciones disponibles, lo que generó un perjuicio patrimonial significativo.
Por su parte, el fiscal Claudio Reveco, persecutor jefe de la Unidad Regional Anticorrupción de Valparaíso, detalló los vínculos de José Cáceres con los empresarios involucrados en el millonario negocio, explicando que desde 2016 mantenían vínculos comerciales, todo esto con el conocimiento de la exintendenta Lucía Pinto.
Solicitudes de la Fiscalía y Querellantes
Durante la primera jornada, la Fiscalía solicitó el arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para los imputados vinculados al delito de fraude al fisco, es decir, para la exintendenta Lucía Pinto, su exadministrador regional, José Cáceres, y el empresario Pablo Bracchitta.
Respecto de los delitos tributarios para el resto de los empresarios, se solicitó firma mensual y arraigo nacional, aunque el Consejo de Defensa del Estado pidió prisión preventiva para todos, lo cual fue valorado por el senador comunista, Daniel Núñez.
Este lunes, el tribunal autorizó a uno de los imputados, Nicolás Bakulic, a ausentarse del país hasta el 30 de junio, fijándose una caución de 10 millones de pesos. En la próxima audiencia, el tribunal deberá determinar si accede a las solicitudes de la Fiscalía y los querellantes, informando adicionalmente el plazo de investigación.
