Vivimos en una época de crisis planetaria, enfrentando desafíos ambientales sin precedentes en materia de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Sin embargo, en los últimos años, Chile ha dado pasos importantes para proteger algunos de sus ecosistemas más vulnerables, buscando mitigar los efectos de estos conflictos en nuestros territorios y comunidades.
Un hito clave fue la aprobación en 2023 de la Ley SBAP, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, una nueva institucionalidad destinada a conservar la diversidad biológica del país y gestionar de manera integrada las áreas naturales protegidas, ya sean públicas o privadas. Asimismo, la Ley de Humedales Urbanos, implementada hace cinco años, ha protegido más de 13.000 hectáreas de humedales en entornos urbanos, declarando 124 de estos ecosistemas.
Desafíos en la Implementación de las Nuevas Leyes
Sin embargo, la puesta en práctica de estas iniciativas no ha estado exenta de dificultades. La Ley SBAP aún carece de reglamentos que permitan su plena implementación, mientras que la Ley de Humedales Urbanos enfrenta problemas inherentes a su aplicación, como excesivas demoras en los procesos de declaratoria y judicialización, a menudo por disputas en torno a la delimitación de los polígonos a proteger.
Según las Secretarías Regionales del Ministerio de Medio Ambiente, estos inconvenientes se deben a la falta de profesionales necesarios en las reparticiones descentralizadas para mejorar la eficiencia de estos procesos. Aún más preocupante es la ausencia de Planes de Gestión Integral (PGI) para la mayoría de los humedales urbanos protegidos, que son los instrumentos clave para regular su gobernanza posterior.
Fortaleciendo la Institucionalidad Ambiental
Ante estos desafíos, se discute actualmente en el Senado un proyecto de ley para proteger a los ríos y sus cuencas, reconociendo la importancia vital y estratégica de estos cuerpos de agua. Es crucial que en la tramitación de este proyecto se aprendan de las experiencias pasadas, se cuente con definiciones adecuadas y se corrijan algunos de los escollos observados en normativas anteriores.
Entregar más herramientas a los gobiernos locales, incorporar la visión de las comunidades y la academia, y proteger todo aquello relevante para el correcto funcionamiento de los espacios fluviales serán elementos clave para el éxito de esta nueva iniciativa. La experiencia adquirida en este proceso será fundamental para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes del país, estableciendo normativas claras y fortaleciendo la institucionalidad ambiental en su conjunto, para que las leyes no se conviertan en letra muerta, sino en herramientas útiles para los territorios y la protección de la naturaleza y las comunidades que la habitan.
