La Contralora General de la República, Dorothy Pérez, ha realizado una dura crítica a la falta de control interno en las distintas reparticiones públicas tras el escándalo por el uso indebido de licencias médicas. Durante su exposición en la Comisión de Salud del Senado, Pérez señaló que es necesario que todas las instituciones públicas se dediquen a controlar y supervisar adecuadamente a sus funcionarios, y no solo esperar a que los organismos de control externo, como la propia Contraloría, detecten estas irregularidades.
Según Pérez, cada funcionario debe controlar que esté realizando bien su trabajo, y las jefaturas de las instituciones deben ejercer un control jerárquico sobre los procesos en sus servicios, no solo en el caso de las licencias médicas, sino en cualquier ámbito. La contralora enfatizó que ha insistido en esta necesidad de fortalecer el control interno a lo largo de los años y en diferentes gobiernos, pero ahora quiere hacerlo con especial énfasis.
Papel de las Superintendencias y Denuncia de Irregularidades
Pérez hizo un llamado especial a las superintendencias, organismos que tienen un papel fundamental en las labores de control, pero que a veces las jefaturas olvidan. Además, advirtió que la Contraloría ha incluido un sumario administrativo para investigar el desempeño de la Superintendencia de Seguridad Social en relación a los controles sobre las licencias médicas.
La contralora también denunció que existen hechos graves y de público conocimiento, como la oferta de licencias médicas irregulares a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, que no fueron advertidos ni corregidos por los servicios públicos. Según Pérez, estos hechos llevan mucho tiempo sucediendo y deberían haber sido atendidos con mayor urgencia.
Responsabilidad de los Funcionarios
Finalmente, la contralora recalcó que cualquier funcionario tiene la obligación de informar cuando detecta situaciones que puedan revestir caracteres de delito, como el tráfico ilegal de licencias médicas. Pérez insistió en que no se debe esperar a que los órganos de control interno o externos detecten estas irregularidades, sino que todos los funcionarios deben asumir su responsabilidad en esta materia.
