En un momento en que la seguridad ciudadana se ha convertido en una preocupación creciente, los municipios de Chile se enfrentan a un desafío complejo: garantizar la protección de la comunidad sin recurrir al uso indiscriminado de la fuerza. La reciente polémica en torno al incidente ocurrido en La Reina, donde un guardia municipal disparó y causó la muerte de una persona, ha puesto de manifiesto la necesidad de repensar el papel de los funcionarios municipales en materia de seguridad.
Prohibición del Porte de Armas de Fuego
La Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Temuco ha sido clara al respecto: los funcionarios que recorren las calles de la ciudad no pueden portar armas de fuego y, por lo tanto, tampoco hacer uso de ellas. El director, Israel Campusano, reconoce que si bien han contratado a excarabineros, estos solo pueden portar armas por razones de seguridad personal, pero no para intervenir en procedimientos.
Enfoque en la Prevención y la Capacitación
En lugar de depender del uso de la fuerza, los municipios deben centrarse en estrategias de prevención y capacitación de sus funcionarios. Esto implica desarrollar habilidades de mediación, resolución de conflictos y técnicas de control no letales, lo que les permitirá abordar situaciones de riesgo sin poner en peligro la vida de los ciudadanos. Además, es fundamental que estos funcionarios reciban una formación exhaustiva en derechos humanos, ética y uso proporcional de la fuerza.
Coordinación Interinstitucional y Transparencia
Para lograr una seguridad efectiva y respetuosa de los derechos de la ciudadanía, los municipios deben fortalecer la coordinación con otras instituciones como Carabineros y la Fiscalía. Esto permitirá una respuesta integral y coherente ante situaciones de emergencia, evitando acciones unilaterales que puedan tener consecuencias trágicas. Además, es fundamental que estos procesos se desarrollen con total transparencia y rendición de cuentas a la comunidad.
Hacia una Seguridad Comunitaria Sostenible
En última instancia, la seguridad municipal debe ser concebida como un esfuerzo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía. Esto implica fomentar la participación activa de la comunidad en la identificación de problemas, la implementación de soluciones y el monitoreo de las acciones de las autoridades. Solo a través de este enfoque integral y colaborativo podremos construir una seguridad sostenible y respetuosa de los derechos humanos.
