La Fiscalía Nacional ha anunciado una investigación de oficio sobre el uso indebido de licencias médicas por parte de más de 25,000 funcionarios públicos. La pesquisa ha sido derivada a la Fiscalía Metropolitana Oriente, liderada por la fiscal regional Lorena Parra, debido a que en dicho organismo se han llevado a cabo investigaciones previas relacionadas con fraudes en torno a permisos médicos.
Según un informe de la Contraloría General de la República, entre los años 2023 y 2024 se detectaron irregularidades en el uso de 35,585 licencias médicas por parte de trabajadores del sector público, quienes habrían viajado fuera del país durante el periodo de reposo. De estos, el 69% corresponde a usuarios del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y el 31% a Isapres, con un promedio de 17.7 días de descanso.
Investigación Exhaustiva y Medidas Correctivas
La decisión de derivar los casos a la Fiscalía Metropolitana Oriente se debe a que en dicha institución se han llevado a cabo investigaciones previas relacionadas con fraudes en torno a licencias médicas. Ahora, los fiscales analizarán los antecedentes para determinar si los casos deben ser derivados a otras fiscalías regionales o si se mantendrán en la Metropolitana Oriente.
Según las autoridades, esta investigación de oficio busca esclarecer el uso irregular de los permisos médicos y tomar las medidas necesarias para combatir este problema. La Contraloría General de la República ha desempeñado un papel clave al cruzar información sobre las salidas del país registradas por la Policía de Investigaciones (PDI), la base de datos de funcionarios públicos y las licencias médicas otorgadas durante ese periodo.
Sanciones y Medidas Preventivas
Una vez concluida la investigación, se espera que se tomen medidas drásticas contra aquellos funcionarios que hayan hecho un uso fraudulento de sus licencias médicas. Esto podría incluir sanciones administrativas, penales e incluso el despido de los cargos públicos.
Además, se implementarán controles más estrictos en el otorgamiento y uso de licencias médicas, con el fin de prevenir futuros abusos y garantizar que estos permisos se utilicen únicamente para los fines legítimos que les corresponden.
Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, así como de implementar mecanismos efectivos para detectar y sancionar cualquier tipo de irregularidad o uso indebido de recursos públicos.
