En un nuevo giro en el Caso Procultura, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, ha presentado una apelación ante la Corte Suprema cuestionando el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas a Josefina Huneeus, incluida una conversación con el Presidente Gabriel Boric.
En su recurso, el persecutor acusa un sesgo político en la resolución judicial, argumentando que esta contiene determinadas menciones que, sin fundamento o consideración alguna, se apartan de toda base orgánica referida al principio de legalidad
. Específicamente, cuestiona las críticas del tribunal de alzada a la actuación de la Policía de Investigaciones (PDI) y las analogías con tiempos pretéritos de la República, donde las garantías fundamentales de los ciudadanos eran vulnerados por agentes del propio Estado
.
Argumentos del Fiscal Castro
Según el fiscal Castro Bekios, estos argumentos del fallo no responden a paráfrasis de normas jurídicas vigentes, citas de resoluciones judiciales dictadas por otros tribunales ni a razonamientos doctrinarios que permitan fundamentar razonablemente la decisión adoptada
. Por el contrario, considera que son manifestaciones que encuentran sintonía con opiniones personales o consideraciones de orden político
.
Además, el persecutor cuestiona que el tribunal de alzada se haya pronunciado sobre las aptitudes de los funcionarios que forman parte de la Policía de Investigaciones
y haya realizado una analogía entre el desarrollo de una diligencia y un período histórico de nuestro país
, calificándolo como impertinente
.
Implicaciones y Próximos Pasos
Con esta apelación, el fiscal Castro Bekios busca que la Corte Suprema revoque la decisión de la Corte de Apelaciones y declare la legalidad de las resoluciones judiciales cuestionadas, así como también la de todas las diligencias y resoluciones que de ellas derivaron
. Incluso, solicita que el máximo tribunal invalide la resolución dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta
en lo referente a las opiniones personales o consideraciones de orden político
.
Este nuevo desarrollo en el Caso Procultura evidencia la tensión entre la Fiscalía y el poder judicial en torno a las escuchas telefónicas autorizadas en la investigación. La decisión de la Corte Suprema será clave para determinar la legalidad de estas diligencias y el rumbo que tomará el caso en los próximos meses.
