La Contraloría General de la República (CGR) ha tomado medidas drásticas en respuesta al escándalo de licencias médicas que ha sacudido al sector público chileno. Después de revelar en su Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9 que más de 25.000 funcionarios públicos habían viajado mientras estaban de baja médica, la CGR ha abierto sumarios administrativos en tres organismos clave: la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Estas acciones se suman a otras iniciativas emprendidas por los diferentes poderes del Estado, como el ultimátum del Ejecutivo para realizar sumarios en el resto de las instituciones y las denuncias presentadas por parlamentarios. Además, la Fiscalía ha abierto una investigación de oficio para esclarecer las irregularidades.
Investigando Incumplimientos Institucionales
Según la CGR, los sumarios administrativos tienen como objetivo investigar eventuales incumplimientos de los deberes institucionales de estos organismos en lo relativo al control y fiscalización de las licencias médicas. Es decir, se buscará determinar si estas entidades cumplieron adecuadamente con sus responsabilidades de supervisión y monitoreo de este proceso.
«Es imposible fiscalizar el 100% de las licencias médicas»
, ha reconocido la Compin, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de control existentes. La CGR busca esclarecer si hubo negligencia, falta de protocolos o debilidades sistémicas que permitieron que esta situación se generalizara.
Impacto en el Sistema de Salud Laboral
El escándalo de las licencias médicas tiene implicaciones profundas en el sistema de salud laboral chileno. Pone en tela de juicio la integridad del proceso de emisión y uso de estos documentos, lo que puede generar desconfianza en los trabajadores y empleadores. Además, plantea interrogantes sobre la capacidad de las instituciones responsables para garantizar el correcto funcionamiento de este mecanismo clave para la protección de los derechos de los trabajadores.
La investigación de la CGR busca no solo sancionar a los responsables, sino también identificar y corregir las fallas estructurales que permitieron que esta situación se produjera. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema y asegurar que los trabajadores reciban la atención y el apoyo que merecen cuando enfrentan problemas de salud.
Hacia una Reforma Integral del Sistema
Más allá de las acciones inmediatas, este escándalo abre la puerta a una revisión más profunda del sistema de licencias médicas en Chile. Será necesario evaluar la normativa vigente, los procesos de control y fiscalización, y la coordinación entre las diferentes instituciones involucradas. Solo así se podrá garantizar que este mecanismo cumpla efectivamente con su objetivo de proteger los derechos de los trabajadores y evitar abusos.
La Contraloría, el Ministerio Público, el Ejecutivo y el Legislativo deberán trabajar de manera coordinada para implementar soluciones integrales que fortalezcan la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia del sistema de salud laboral en Chile. Solo así se podrá restaurar la confianza pública y asegurar que los trabajadores reciban el apoyo que merecen cuando enfrentan problemas de salud.
