El Gobierno de Chile ha concretado la expulsión de 34 migrantes en un vuelo especial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) con destino a Bolivia, Colombia y República Dominicana. Esta acción forma parte de los esfuerzos del país por mantener el control y la seguridad de sus fronteras, al tiempo que busca enviar un mensaje claro sobre la importancia del cumplimiento de las leyes migratorias.
Detalles de las Expulsiones
Según informó el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), 21 de las expulsiones corresponden a órdenes administrativas, es decir, personas que cometieron delitos como tráfico de drogas, hurto, porte ilegal de armas e incumplimiento de la normativa migratoria, como el ingreso por pasos no habilitados. Las 13 expulsiones restantes son órdenes judiciales, que involucran a individuos condenados por delitos como robo con intimidación, homicidio simple, asociación ilícita, receptación de vehículos y porte ilegal de armas, entre otros.
Coordinación Interinstitucional
Estas expulsiones son el resultado de un trabajo coordinado entre el Sermig y la Policía de Investigaciones (PDI), quienes se encargan de ubicar y detener a las personas para materializar la expulsión y escoltar a los migrantes hasta sus países de origen. Este esfuerzo conjunto busca garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad de la población.
Tendencia en Expulsiones
Según las cifras oficiales del Sermig, en lo que va del año 2025 se han realizado 402 expulsiones, de las cuales 285 fueron por órdenes administrativas y 117 por mandato judicial. En 2024, el total de expulsiones fue de 1.100, mientras que en 2023 alcanzó las 946. Estas cifras reflejan la determinación del Gobierno chileno por mantener un control estricto de la migración y garantizar la seguridad pública.
Las expulsiones son un trabajo coordinado con PDI, encargada de ubicar y detener a las personas para materializar la expulsión y escoltar a las personas hacia sus países de origen
, explicó el Sermig.
Contexto y Perspectivas
La política migratoria de Chile ha sido objeto de debate y controversia en los últimos años, con posturas encontradas entre quienes abogan por una mayor apertura y aquellos que priorizan la seguridad y el cumplimiento de la ley. Estas expulsiones se enmarcan en un esfuerzo por mantener un equilibrio entre ambos enfoques, priorizando la seguridad pública sin descuidar los derechos y la dignidad de los migrantes.
Algunos expertos han señalado la importancia de complementar estas acciones con programas de integración y asistencia para aquellos migrantes que cumplen con la ley, con el fin de fomentar una sociedad más inclusiva y cohesionada. Asimismo, se ha resaltado la necesidad de abordar las causas subyacentes de la migración irregular, como la pobreza, la inestabilidad política y los conflictos en los países de origen.
Desafíos y Oportunidades
La gestión de la migración en Chile representa un desafío complejo que requiere de un enfoque integral y equilibrado. Mientras que las expulsiones de migrantes con antecedentes criminales pueden contribuir a la seguridad pública, es fundamental que se acompañen de políticas y programas que fomenten la integración y el respeto de los derechos humanos de los migrantes que cumplen con la ley.
En este sentido, el Gobierno chileno enfrenta la oportunidad de posicionarse como un líder regional en materia de migración, al desarrollar soluciones innovadoras que combinen el control fronterizo con la promoción de la inclusión y la cohesión social. Esto no solo beneficiaría a los migrantes, sino también a la sociedad chilena en su conjunto.
