El Frente Amplio (FA) ha salido al paso por la intervención al celular del presidente Gabriel Boric y otras escuchas telefónicas en el marco de la investigación por el caso ProCultura. En un comunicado, el partido descartó cualquier vínculo financiero entre la colectividad oficialista y la fundación investigada, afirmando que «todas las cuentas partidarias y de campaña han sido debidamente revisadas y aprobadas por el Servel».
Respecto a las escuchas relacionadas con el presidente, quien es militante del Frente Amplio, la colectividad lanzó un duro dardo al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, acusándolo de «replicar una estrategia judicial y desprestigiar al Presidente». Según el FA, la «estrategia judicial» de Cooper busca «generar dudas infundadas sobre una causa que, según el propio tribunal, no lo involucra».
En este sentido, el partido calificó de «espionaje» el hecho de que se haya intentado «pinchar» el teléfono del mandatario en dos ocasiones «sin fundamento suficiente», lo que, a su juicio, «resulta gravísimo, atenta contra la democracia y las instituciones».
Además, el Frente Amplio advirtió que la magnitud de las interceptaciones, con más de 42 teléfonos intervenidos, «no responde a una auténtica búsqueda de pruebas», sino que «parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos, que rechazamos categóricamente, y que no solo daña a personas en específico, sino que a toda la institucionalidad del Ministerio Público y a nuestra democracia».
Rechazo a las Escuchas Ilegales
El Frente Amplio también se pronunció sobre la interceptación de las comunicaciones de Josefina Huneeus, quien no está imputada en la causa. Según el partido, esta acción «constituye espionaje y atenta directamente contra la libertad individual de las personas», y debió haber cesado una vez que se constató que el teléfono era de su propiedad.
En resumen, el Frente Amplio ha salido en defensa del presidente Boric y de la institucionalidad democrática, rechazando categóricamente las escuchas telefónicas que, a su juicio, responden a una «estrategia de espionaje con fines políticos» y no a una auténtica búsqueda de pruebas en el caso ProCultura.
