La reciente Ley N° 21.724, que establece el reajuste anual para el sector público, ha generado un intenso debate en torno a una de sus disposiciones: a partir del 1 de enero de 2027, los funcionarios públicos que cumplan 75 años cesarán automáticamente en sus funciones. Esta medida, lejos de ser una solución eficaz, es más bien un síntoma de los profundos problemas que aquejan al aparato estatal chileno.
La Inamovilidad del Empleo Público: Un Reto por Superar
La rigidez extrema de los regímenes estatutarios, la ausencia de una evaluación real del desempeño, la falta de movilidad interna y la precariedad de las políticas de retiro voluntario han llevado al legislador a optar por una vía rápida y tajante. El Estado, incapaz de remover funcionarios por vías racionales, ha creado una regla automática para forzar su salida. Esto no es más que una confesión de impotencia, un reconocimiento de que el Estado chileno no puede gestionar adecuadamente su propio personal.
Más Allá de la Edad: Identificar y Retener el Talento
Reducir todo a una edad determinada es peligroso y contraproducente. Ni todos los mayores de 75 años deben irse, ni todos los menores son garantía de eficiencia. Hay jóvenes inútiles y mayores brillantes, al igual que en el resto de la sociedad. En lugar de identificar y remover al mal funcionario público, lo dejamos protegido por una inercia administrativa. Y en vez de retener al buen funcionario, lo forzamos a salir solo por su edad.
Hacia un Estado Profesional, Meritocrático y Dinámico
El desafío radica en implementar un sistema de evaluación y movilidad serio en el empleo público, reformando una carrera funcionaria anquilosada y diseñada para otra época. Debemos aprovechar la tecnología, los datos y los mecanismos modernos de gestión de personas para tener un Estado profesional, meritocrático y dinámico, que premie la excelencia, detecte el desgaste y abra espacios para nuevas generaciones sin expulsar automáticamente a quienes aún pueden aportar.
Forzar jubilaciones porque no sabemos gestionar el trabajo es equivalente a cerrar escuelas porque no sabemos mejorar su educación. No resuelve el problema, solo lo empuja hacia otra parte. Chile necesita un rediseño completo de su relación con el empleo público, más allá de las soluciones por decreto calendario.
